El partido oficialista suspende a Isis Cuéllar, exige acciones judiciales, renuncia a privilegios y lanza un tribunal “popular” anticorrupción, pero guarda silencio sobre sus omisiones previas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Presionado por un escándalo que amenaza con erosionar su discurso de “refundación”, el Partido Libertad y Refundación (Libre) intentó tomar distancia de la polémica con un giro drástico: pidió la cancelación inmediata del cuestionado fondo social que se maneja en el Congreso Nacional, exigió acciones judiciales contra la corrupción legislativa y suspendió a la diputada Isis Cuéllar de todos sus cargos.
En una comparecencia encabezada por la diputada y secretaria general del partido, Xiomara Hortensia Zelaya, se leyó un comunicado titulado “Implacables contra la corrupción”, tras una reunión extraordinaria liderada por el coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, y la candidata presidencial Rixi Moncada.
Una suspensión tardía y una estructura bajo fuego
El documento confirmó la suspensión de Cuéllar, quien hasta hoy ocupaba el cargo de vicepresidenta del Congreso, subjefa de bancada, coordinadora departamental y candidata a diputada por Copán.
La medida se da en el contexto del escándalo del “cheque video”, que la vincula al uso presuntamente ilegal de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para fines políticos.
Pero la suspensión —aunque necesaria— llega tras días de silencio del partido, en los que Cuéllar desapareció del ojo público y se limitó a enviar una carta pidiendo tiempo para “probar su inocencia”.
Ahora Libre intenta recuperar terreno con una batería de anuncios que incluye:
• La cancelación inmediata del fondo social mediante decreto ejecutivo.
• La intervención del TSC y del Ministerio Público en las instituciones que manejan fondos legislativos.
• La renuncia al privilegio parlamentario y propuesta para su eliminación.
• La inhabilitación política permanente para diputados que resulten responsables de malversación.
• El respaldo a la publicación de subvenciones hechas por el presidente del Congreso, Luis Redondo.
• La solicitud de allanamientos, congelamiento de cuentas y secuestro de documentos donde existan indicios de corrupción.
Además, Libre anunció la creación de un “Tribunal Popular Anticorrupción y de Ética Revolucionaria”, compuesto por miembros del partido y organizaciones sociales, para dar seguimiento y emitir informes públicos sobre casos de corrupción.
Un discurso anticorrupción bajo presión
La candidata presidencial Rixi Moncada acusó a la oposición de ser responsable de la impunidad histórica: “Estos crímenes siguen sin juicio gracias a los amparos de la Corte Suprema”, dijo, aludiendo a casos como Pandora, Hermes y los fideicomisos departamentales.
Moncada defendió las reformas impulsadas por el actual gobierno, como la derogación de la Ley de Secretos y la cancelación de fideicomisos.
Sin embargo, evitó hacer autocrítica sobre cómo estos mismos fondos fueron usados bajo la administración de Libre, sin controles efectivos ni transparencia real.
¿Reacción genuina o control de daños?
El anuncio de una movilización nacional y la ruptura con “sectores empresariales corruptos” suena fuerte en el discurso, pero se enfrenta a una realidad incómoda: el partido permitió, por omisión o complicidad, que estructuras heredadas del viejo modelo siguieran funcionando.
El caso Cuéllar no es aislado. La publicación reciente de subvenciones entregadas por el Congreso revela que diputados de todas las bancadas, incluyendo Libre, habrían recibido fondos sin rendición pública.
Por último, Libre denunció que la Corte Suprema otorgó un amparo al diputado Jorge Cálix, interpretado como un intento de frenar las investigaciones.
Sin embargo, la credibilidad de la ofensiva anticorrupción del oficialismo dependerá no solo de comunicados y tribunales simbólicos, sino de acciones consistentes, incluso cuando los acusados sean de casa.
