- La plataforma Defensores de Honduras interpuso un amparo contra el Decreto 58-2025, mientras la constitucionalista Ruth Laffose denuncia que reabrir votos ya contados es ilegal y conlleva responsabilidades penales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La crisis postelectoral sumó este lunes un nuevo capítulo jurídico luego de que la plataforma Defensores de Honduras interpusiera ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado contra el Decreto Legislativo 58-2025, aprobado el pasado 9 de enero, mediante el cual se ordena un nuevo recuento de las actas de las elecciones generales.
La acción busca frenar de inmediato los efectos del decreto promovido desde el Congreso Nacional, al considerar que invade competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y viola principios fundamentales del orden constitucional.
“Es completamente ilegal”
La abogada constitucionalista Ruth Laffose fue contundente al calificar de ilegal cualquier intento del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de reabrir o “revalorizar” el voto ya emitido y contado por el CNE y por los partidos políticos.
“Es completamente ilegal desde su origen y también en sus efectos”, afirmó, al subrayar que el Congreso no tiene atribuciones para revisar, repetir o modificar resultados electorales que ya fueron procesados por el órgano electoral competente.
Para Laffose, lo que está ocurriendo en Honduras ya trasciende una simple crisis política. “Ya no se trata de una crisis política, sino de tomar el poder por la fuerza”, advirtió, al señalar que las actuaciones del oficialismo y del Congreso buscan alterar el resultado de las elecciones por vías ajenas a la Constitución.
Denuncias por obstrucción y violencia
La jurista también vinculó los hechos del pasado 9 de enero, cuando el Congreso sesionó en medio de fuertes tensiones y violencia, con una estrategia para impedir que el pleno legislativo actuara con normalidad.
Según Laffose, se utilizaron “grupos delictivos implicados” para obstruir el funcionamiento del Congreso Nacional, lo que agrava aún más la situación institucional del país.
En ese contexto, advirtió que los responsables no solo enfrentarían consecuencias políticas o administrativas, sino también responsabilidades penales.
“Cualquier acto, ya sea por acción u omisión, tiene consecuencias de carácter penal”, enfatizó.
La Sala Constitucional, bajo presión de tiempo
La abogada recordó que la legislación hondureña establece plazos claros para este tipo de acciones constitucionales y que la Sala de lo Constitucional debe pronunciarse a más tardar este martes 13 de enero sobre los recursos interpuestos contra el Decreto 58-2025.
De acuerdo con Laffose, la Sala debe admitir el recurso de amparo y ordenar la suspensión inmediata del decreto, para evitar que produzca efectos mientras se resuelve el fondo del caso.
“Debe darse una respuesta previa, admitiendo el recurso y suspendiendo el decreto para que deje de tener efecto”, recalcó.
Un pulso entre poderes del Estado
La acción de Defensores de Honduras y las declaraciones de expertos constitucionales colocan a la Corte Suprema de Justicia en el centro de un choque de poderes que amenaza con escalar aún más la tensión política e institucional del país.
Mientras el Congreso insiste en avanzar con un recuento ordenado por decreto, sectores jurídicos, políticos y de la sociedad civil sostienen que se trata de una usurpación de funciones del CNE y una violación directa al orden democrático.
La decisión que adopte la Sala Constitucional en las próximas horas será clave para definir si Honduras mantiene el cauce institucional o entra en una nueva etapa de confrontación entre los poderes del Estado.
