- Diputado asegura que se garantizó el derecho a la defensa del fiscal suspendido y confirma que nuevos procesos se presentarían después de Semana Santa
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó que el juicio político en contra del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, “se ha manejado bastante bien”, destacando que el elemento más importante ha sido el respeto al derecho legítimo a la defensa.
“El fiscal tuvo todo el tiempo del mundo para hablar lo que él quería, para defenderse, para atacar, y lo va a tener en una segunda oportunidad ahora ante el Pleno, si él decide ir”, detalló el congresista.
El también secretario de la Comisión Especial de Juicio Político explicó que Zelaya será convocado nuevamente, esta vez por el Congreso Nacional, para comparecer ante el pleno legislativo, donde se definirá el rumbo del proceso.
“Será invitado ahora por el Congreso Nacional, no por la Comisión, a comparecer ante el Pleno; creo que la gente de LIBRE está contenta porque se le dio el derecho a la defensa y van a decir que él ganó el debate y todo lo demás, eso es subjetivo; al final, lo que importa es lo que vote el Pleno cuando ya se someta el informe”, declaró Rivera Callejas.
El parlamentario subrayó que, más allá de las percepciones políticas o mediáticas, será la decisión de los diputados en el pleno la que determinará el desenlace del juicio político.
Al cierre, Rivera adelantó que el Congreso Nacional ya perfila nuevos procesos contra otros funcionarios públicos, aunque aclaró que estos no se presentarían de inmediato.
“Vienen otros juicios políticos para otros funcionarios públicos; tal vez no serán presentados en esta semana, puede ser que sea después de Semana Santa”, expresó.
Las declaraciones del legislador se producen en un contexto de alta tensión política, marcado por el desarrollo del juicio político contra el fiscal general suspendido, un proceso que no solo definirá su futuro en el cargo, sino que también abre la puerta a una nueva etapa de confrontación institucional con posibles acciones similares contra otros funcionarios del Estado.
