TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio del creciente escándalo por el presunto uso irregular de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, salió al paso este viernes para defender la legalidad del cuestionado fondo social y desmarcar a los diputados de cualquier manejo directo de recursos.
“Ningún diputado ha recibido recursos de ninguna institución del Estado”, aseguró Noé Pino durante una entrevista, al tiempo que insistió en que las gestiones realizadas por los legisladores ante instituciones públicas no implican la transferencia de fondos a sus cuentas personales.
Según su explicación, los diputados canalizan solicitudes de apoyo de municipalidades, patronatos, cajas rurales y otras organizaciones comunitarias, pero no administran ni tocan el dinero asignado a esos proyectos.
Un escándalo que salpica
Las declaraciones surgen tras la filtración de un video donde aparecen el ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, recibiendo y comentando sobre la entrega de cheques, lo que generó alarma en sectores de la sociedad civil y la oposición.
A pesar del video, Noé Pino pidió esperar los resultados de las investigaciones que actualmente encabezan el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio de Transparencia, cuyo titular, Sergio Coello, prometió un informe exhaustivo en cadena nacional.
“Vamos a saber si esos cheques fueron entregados a las personas. Hay un programa específico de emprendedores, de capital semilla…”, explicó Pino, intentando dar contexto al destino de los fondos.
También fue enfático al afirmar que la diputada Isis Cuéllar no recibió dinero en su cuenta personal, y calificó como “distorsionada” la versión que circula en algunos sectores sobre el rol de los congresistas en este esquema.
¿Transparencia o narrativa política?
El parlamentario atribuyó el escándalo a una mezcla de desconocimiento técnico y manipulación política, y sostuvo que el tema está siendo utilizado por la oposición y por supuestos sectores de la sociedad civil para desprestigiar al Congreso y al gobierno.
Aun así, reconoció que, si se comprueba la comisión de irregularidades en la entrega de cheques, “deben ser sancionadas, sin lugar a dudas”.
Mientras tanto, el país sigue atento a los resultados de las auditorías y los informes prometidos.
Lo cierto es que el caso SEDESOL ha encendido una alerta sobre el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales, y cada nueva declaración —como la de Noé Pino— revela no solo la defensa institucional, sino también la presión que crece dentro del oficialismo por marcar límites y evitar que el escándalo escale más allá del control político.
