Los diputados

(Por Edmundo Orellana) Aunque son electos por los ciudadanos en cada departamento, ostentan la representación del pueblo hondureño, en general. Son, por disposición constitucional, “representantes del pueblo”.

La representación, en general, implica muchas cosas. Entre estas, y quizá la más importante, actuar responsablemente en la protección de los intereses de los representados. El representante, según el Código Civil, debe apegarse a las instrucciones del representado y, si no las hubiere, “hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un buen padre de familia”. Este comportamiento es el exigido para medir la responsabilidad del representante, a cuyo efecto, ese texto legal dispone: “La culpa leve se opone a la diligencia y cuidado de un buen padre de familia”. Se exige del representante que actúe como lo haría una persona razonable y sensata respecto de sus propios asuntos.

La representación política va más allá. Porque es la comunidad política la que inviste al representante de su calidad de tal. Cada elector con su voto, supuestamente, escoge al que le inspira más confianza para el cuidado de sus intereses. El representante viene a ser, por consiguiente, el responsable de velar por los intereses de todos los que lo votaron; sin embargo, por su condición de representante del pueblo, es su deber cuidar de los intereses del pueblo hondureño, sin excepción.

Las instrucciones del representado están dadas en las leyes vigentes. A ellas debe apegarse el representante, so pena de incurrir en responsabilidad. Estas instrucciones son obligaciones de ineludible cumplimiento para el representante. Aún las de apariencia insignificante, que, paradójicamente, resultan ser, por lo general, las más importantes. En el caso de los diputados, permanecer en las sesiones es obligación capital, pese a su aparente intranscendencia, puesto que, si no se cumple podría ocasionar la ruptura del quórum, proceder sancionable con la expulsión del Congreso y la inhabilitación, por diez años, del derecho de optar a cargos públicos.

El diputado, en su condición de representante del pueblo, tiene, a su vez, la responsabilidad de evitar que el gobernante abuse del poder. Esa es, justamente, la labor de la oposición parlamentaria o legislativa. En esto radica el origen de la denominada “irresponsabilidad parlamentaria”, privilegio reconocido al parlamentario (excepto en Honduras) para evitar que quien ejerza el poder pueda inhabilitarlo por sus opiniones o votos en la Asamblea.

En nuestro país, la mayoría de los diputados no tienen conciencia de su responsabilidad como representantes del pueblo. Muchos no saben a qué van, cuando resultan electos. El juramento, por el cual son ungidos en sus funciones, no implica ningún compromiso ético ni legal; se trata de una simple formalidad para asumir el cargo.

Que no nos sorprenda, pues, lo que sucedió recientemente. Que permitan con su indiferencia la reducción de las penas para la corrupción o que se castigue como terrorismo la libre expresión del pensamiento y la protesta (“supremo recurso”, según la Declaración de Derechos Humanos, al que se ven compelidos los pueblos cuyos derechos son ultrajados, consagrado en nuestra Constitución), constituyen la prueba irrefutable de la negligencia inexcusable en que incurrieron los diputados de la oposición que no asistieron o se ausentaron de las sesiones respectivas.

Todas estas medidas legislativas, sumadas a las que atribuyen al Presidente potestades extraordinarias, como si estuviésemos en un Estado de Excepción permanente, ponen al descubierto el nacimiento de una dictadura, que operará, plenamente, en el próximo período presidencial, de consumarse el continuismo. Y todo con la complacencia de la oposición, especialmente la parlamentaria, sea por acción o por omisión.

Circula en las redes, la lista de quienes votaron a favor y de los que no asistieron o se ausentaron.

Lo lógico es suponer que estos no serán votados en estas elecciones, como castigo a su irresponsabilidad. No será así, sin embargo.

Votamos movidos por sentimientos, no por convicciones. Votamos por una bandera o por quien nos resulta más atractivo a la vista, o bien, nos dejamos llevar por cancioncitas pegajosas o por la publicidad más vistosa. La pasarela en la instalación de este Congreso nos ofrece los elementos para comprender qué motivó el voto popular. ¿Qué réditos obtuvimos de este relajamiento ciudadano? Transfuguismo, entregas vergonzosas, comportamientos pedestres, tráfico de dignidades, en fin, la pérdida total de los escrúpulos más elementales. Nunca un Congreso había caído tan bajo. Y este es el que suprimió el bipartidismo. Con holgura ganaría un concurso para nombrarlo “El Congreso de la Vergüenza”.

Y no hay esperanzas con el nuevo. Circula en la web una entrevista chusca a una candidata a diputada, abogada, por cierto, cuyas respuestas, sobre la patria y sobre nuestros próceres, desnudan nuestro sistema educativo nacional. ¿Cómo serán, pregúntese el distinguido lector, los que aspiran a una diputación y no son profesionales universitarios?

Sin cultura cívica no hay ciudadanos conscientes y sin ciudadanía responsable no podemos aspirar a una auténtica representación política. A seguir repitiendo nuestras tragedias, entonces.

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