En los primeros días de interrogatorios en Nueva York, un contador detalló la relación entre el narco y la política hondureña y el responsable de 56 asesinatos implicó a Juan Orlando Hernández con una conspiración para traficar cocaína.
Por Infobae
El hombre, musculoso y vestido con un uniforme naranja de presidiario, está parado en el espacio reservado a los testigos en la sala 26B del edificio que alberga a la corte del distrito sur en Manhattan. Pasea la vista por la sala con estudiada lentitud. Frente a él, en este salón prístino con paredes de madera oscura, hay una docena de fiscales, defensores y paralegales. Entre dos abogados, está sentado otro hombre, vestido con un traje azul y una corbata del mismo color. El hombre de naranja se llama Amílcar Alexander Ardón Soriano y es portador de uno de los testimonios ofrecidos por la fiscalía neoyorquina en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, el del traje, expresidente de Honduras juzgado aquí por delitos de narcotráfico y uso ilegal de armas para el trasiego de cocaína a Estados Unidos. Alguna vez, estos dos hombres fueron allegados políticos y, de acuerdo don la tesis fiscal, socios en una empresa criminal.
Ardón Soriano, también conocido como Chande o AA, es un asesino y narcotraficante condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión tras declararse culpable en 2019 de importar cocaína a Estados Unidos, de liderar una banda de narcos y de varios asesinatos. Ante las autoridades estadounidenses a las que se había entregado en 2018, Ardón, quien fue alcalde de El Paraíso, un pequeño pueblo en el departamento hondureño de Copán, fronterizo con Guatemala, confesó tener responsabilidad en 56 asesinatos.
El jueves pasado, en el testimonio que ofreció en el juicio a Hernández, Ardón dijo que pagó millones de dólares al expresidente, su compañero de partido político, para que lo protegiera de investigaciones criminales en honduras, para que empleara a su hermano en el gobierno, y para que las autoridades pavimentaran calles que entran y salen de El Paraíso, su cuartel general, “para facilitar” el paso de la droga.
Ardón es solo el primero de la menos media docena de narcotraficantes condenados en Estados Unidos que los fiscales han anunciado como testigos contra Hernández. La mayoría de ellos, como el exalcalde, se han declarado culpables de ejecutar y planificar decenas de asesinatos y de trasladar miles de toneladas de cocaína desde Honduras.
“El infierno está vacío y todos los demonios están aquí”, había dicho Renato Stabile, uno de los defensores de Hernández, citando La Tempestad del autor británico William Shakespeare en los alegatos iniciales que presentó el miércoles 21 de febrero ante el jurado compuesto por 12 ciudadanos neoyorquinos. El argumento de Stabile es que toda la prueba de la fiscalía son testimonios de criminales “depravados” cuyos dos únicos objetivos son obtener reducciones a las penas que purgan en cárceles estadounidenses y vengarse de Hernández, quien, dijo el defensor, no hizo otra cosa que perseguirlos cuando fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022.
David Robles, el miembro del equipo acusador que presentó los alegatos de la fiscalía al jurado, había aceptado que sus testigos son criminales, pero, dijo, están ahí porque Hernández fue socio de ellos; más aún, terminó siendo el líder de todos gracias al poder político que le dio su puesto como presidente. Son los criminales, se lee en el alegato fiscales, los que mejor pueden describir las actividades ilegales del más poderoso entre ellos.
“Este es un caso sobre el poder, sobre corrupción, sobre grandes cantidades de cocaína y sobre un hombre que estaba en el centro de todo”, recitó Robles con voz pausada mientras señalaba al expresidente Hernández, sentado detrás del podio desde el que los alegatos se dirigieron al jurado.
Este juicio es la culminación de un proceso judicial que arrancó el 14 de febrero de 2022, cuando, a poco de haber dejado la presidencia de su país, Juan Orlando Hernández fue reclamado en extradición por Estados Unidos. El hondureño se convirtió, entonces, en el primer mandatario latinoamericano pedido por los estadounidenses por actos criminales desde que el presidente de Panamá Manuel Noriega fue condenado por contrabando de drogas y extorsión por un tribunal de la Florida en 1992.
Tras su llegada a la gran urbe para ser juzgado, Hernández fue recluido en una cárcel de Brooklyn, a 7 kilómetros de la corte ante la que comparece como acusado desde el pasado 20 de febrero.
Los fiscales responsables del caso contra el expresidente hondureño llevan meses preparando sus alegatos y alimentando con pruebas un expediente que cuenta la historia que el fiscal Robles delineó ante los jurados durante el arranque del juicio. A grandes rasgos, esa narrativa explica que Juan Orlando Hernández escaló en la política hondureña gracias, en buena medida, a dineros provenientes de actividades ilícitas, que llegó primero a la presidencia del Congreso Nacional y luego a la del país con esos financiamientos y que, a cambio, ofreció protección a los criminales que alimentaron sus campañas políticas.
Alexander Ardón, el exalcalde de El Paraíso, explicó en su testimonio que en 2009 se reunió por primera vez con Hernández en San Pedro Sula, la capital industrial y comercial del país. En el encuentro también estuvo Porfirio Lobo Sosa, también conocido como Pepe Lobo, quien aquel año se había postulado como candidato a la presidencia de Honduras en las elecciones que se realizarían en noviembre luego de que un golpe de Estado depuso a Manuel “Mel” Zelaya y hundió al país en una crisis política.
La convulsión que Honduras vivió aquel año coincidió con un cambio en el patrón de las rutas mesoamericanas de la cocaína. Los narcotraficantes colombianos, venezolanos y mexicanos empezaron a dejar las rutas marítimas del Pacífico y potenciaron el paso de la droga por el corredor aéreo entre Suramérica y Honduras y, de ahí, por la ruta terrestre hacia Estados Unidos pasando por Guatemala y México. Florecieron, entonces, las operaciones de los narcos en Honduras.
La historia personal de “Chande” Ardón, como se conoce en Honduras al exalcalde de El Paraíso, ilustra bien la saga de los narcos hondureños que se hicieron fuertes durante las primeras décadas de este siglo. Nacido en 1975, Chande empezó a mover algunos kilos de cocaína en 2000 e incursionó en la política partidaria en la última mitad de aquella década gracias al fraude y al soborno, según contó durante su testimonio en el juicio a Hernández.
Ardón se convirtió en el hombre fuerte del conservador Partido Nacional en Copán, el departamento en el que se cruzan las rutas históricas del contrabando que conectan Honduras con el noreste de Guatemala, las cuales, a principios de siglo, empezaron a ser controladas por emisarios del Cartel de Sinaloa y el de Los Zeta, las dos organizaciones de narcotráfico más importantes en aquellas fechas. Pronto, Chande se alió con la banda de narcos hondureños más importantes de la zona, el clan de los Valle, que operaba desde el pequeño poblado de El Espíritu en las mismas montañas copanecas.
Durante aquel primer encuentro entre Ardón, Lobo y Hernández, los tres hombres hablaron del futuro político. Si Pepe Lobo lograba ganar la presidencia aquel año y esto empujaba a Juan Orlando a la presidencia del Congreso, calculaban, el Partido Nacional podía mantenerse en el poder un buen rato. Ardón hizo una primera inversión. Ofreció un millón de dólares y los votos de Copán a cambio de que lo protegieran de investigaciones del Ministerio Público. Porfirio Lobo, quien terminó siendo presidente, ha negado estos señalamientos.
Para 2013, y después de haber afianzado su linaje político en el Congreso, Hernández se postuló como candidato del Nacional a las presidenciales de ese año. Ganó. Empezó, entonces, otra alianza en la que Juan Orlando, como luego diría el fiscal estadounidense David Robles, se convirtió en el centro del poder, la corrupción y la droga.
Luz verde a las operaciones de Sinaloa en Honduras
La llegada al poder del Partido Nacional coincidió, según el testimonio de Alexander Ardón, con su ascenso en el mapa local del narcotráfico. A partir de 2006, el exalcalde ya movía cantidades menores de cocaína que compraba por cuenta propia a proveedores colombianos y entregaba en Amates, Izabal, una ciudad fronteriza en Guatemala, a enviados de Don Amado, el hombre del Cartel de Sinaloa en la zona.
En 2010, un mal paso de Sinaloa en las rutas guatemaltecas abrió la puerta grande para Ardón. Aquel año, a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el líder de Sinaloa, le robaron un cargamento de drogas en los caminos que unen Esquipulas y Chiquimula, dos plazas fronterizas en Guatemala. El capo mexicano decidió buscar nuevos socios y convocó a Ardón a una reunión en Ciudad de Guatemala. Ahí propuso al hondureño que se hiciese cargo de mover la cocaína dese San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hasta la frontera. Ardón aceptó a sabiendas de que necesitaba una cobertura mayor a la que entonces tenía. Surgió entonces otra figura en ascenso, la de Antonio “Tony” Hernández, el hermano de Juan Orlando, quien entonces era presidente del Congreso.
Tony Hernández, Ardón, su hermano Hugo Ardón y otro hombre llamado Mario Cálix se reunieron en un café de San Pedro Sula para planificar los siguientes pasos. La alianza política empezó a tomar forma. Fue Tony el que, según el testimonio de Ardón, dijo que contarían con la protección de su hermano, el presidente del Congreso. De proteger cargamentos esporádicos que no pasaban de 280 kilos, los narcos hondureños empezaron a mover camiones capaces de transportar hasta una tonelada y media de droga. Ardón y Tony, además de transportar la mercancía del Chapo, compraban sus propios cargamentos. El primer gran envío propio de Tony fue de 1,300 kilos.
El grupo estableció una nueva ruta. De San Pedro, Ardón transportaba la droga en furgones hasta Florida, otro pueblo de Copán, 158 kilómetros al suroeste. De ahí, Chande la movía hasta El Paraíso para distribuir la cocaína en todoterrenos pequeños capaces de llevarla por los caminos montañosos que conectan con Guatemala. La parte más peligrosa era la carretera que une San Pedro con Florida y para recorrerla con seguridad, Tony Hernández ofreció los servicios de Mauricio Hernández Pineda, su primo y oficial de la Policía Nacional.
Hernández Pineda también fue capturado y enviado a Estados Unidos, donde en principio sería juzgado junto a Juan Orlando Hernández y a Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, jefe de policía en Copán primero y luego director de la Policía Nacional durante la presidencia de Hernández. En enero de este año, Bonilla y Hernández Pineda se declararon culpables y está abierta la posibilidad de que declaren como testigos contra el expresidente en el juicio en Nueva York.
Ardón también trabajaba con Los Valle Valle, el clan de El Espíritu que lideraban los hermanos Miguel Arnulfo, Luis Alonso y Digna Valle, quienes también eran socios del Chapo y Sinaloa. Con el tiempo, las relaciones entre los Hernández y Los Valle se agriaron. De acuerdo con investigaciones policiales estadounidenses que aún no han sido ventiladas en los juicios a narcotraficantes hondureños, Los Valle se dieron cuenta de que el expresidente Hernández quería sacarlos del camino y planificaron un atentado. Al final, en 2014, los narcotraficantes fueron capturados por un operativo coordinado por policías hondureños con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA). El Chapo tomó nota de todo aquello.
Ardón siguió trabajando con Juan Orlando Hernández, pero la relación empezó a deteriorarse en 2013 cuando el entonces candidato presidencial pidió al alcalde que no se volviera a postular como candidato para alejar las sospechas de narcotráfico que ya la prensa hondureña empezaba a ventilar. Ardón aceptó. Al final, sin embargo, empezó a sospechar que Juan Orlando no cumpliría renovadas promesas de blindarlo de la extradición. En febrero de 2018, Ardón se entregó a la DEA y empezó a colaborar con los estadounidenses.
En sus reuniones con los agentes de Washington, Ardón detalló de a poco los hechos sangrientos de su carrera criminal. Durante el interrogatorio en el juicio, a preguntas de Raymond Colon, defensor de Hernández, y de los fiscales, Ardón aceptó su participación en 56 asesinatos, incluidos dos que él ejecutó personalmente cuando tenía entre 18 y 20 años.
El abogado Colon pasó casi 3 horas repasando, uno a uno, 28 de los homicidios confesados por Ardón. El narcoalcalde se refirió a casi todos los asesinatos sin cambiar el gesto, como quien cuenta, de forma práctica, pérdidas y ganancias en un emprendimiento. Solo hubo dos momentos en que Ardón bajó la vista y, durante algunos instantes largos, su rostro pareció mudar a una expresión de tristeza; fue cuando habló de los dos hombres a los que él había matado personalmente para vengar supuestos atentados a su familia.
Sin apenas inmutarse, Ardón también aceptó haber participado en dos de los asesinatos que más han conmovido a Honduras en los últimos años, el de Julián Arístides González, zar hondureño antidrogas, en 2009, y en diciembre de 2011 el de Alfredo Landaverde, conocido defensor de derechos humanos que fue pionero en denunciar a los narcotraficantes hondureños.
La estrategia de los defensores de Hernández parecía centrada en dejar claro que Ardón, el narcoalcalde asesino, no es más que uno de los demonios a los que se refirió el abogado Renato Stabile en su argumento de apertura. Antes, la fiscalía había hecho lo propio al defender su tesis de que Juan Orlando Hernández fue el jefe de todos esos demonios.
“¿Cuántas veces le decomisaron droga mientras Juan Orlando Hernández fue presidente”, preguntó un fiscal a Ardón.
“Ninguna”.
“¿Cuántas veces mientras Juan Orlando Hernández fue presidente lo arrestaron?”
Ni una sola vez.
El contador de la mafia
Antes que Ardón había subido al estrado de testigos un hombre menudo, de baja estatura y gafas sin marco. Su nombre, en el expediente, es José Sánchez, aunque fuentes judiciales en Estados Unidos han aclarado que se trata de un seudónimo. Sánchez fue contador de Graneros Nacionales, la arrocera más grande de Honduras desde cuyas oficinas centrales en la norteña ciudad de Choloma operaba una red de blanqueo de dinero y corrupción política en la que también estuvo implicado el expresidente Hernández.
Sánchez explicó que él llevaba las cuentas y finanzas del dueño de Graneros, un hombre llamado Fuad Jarufe, ya fallecido, quien desde su despacho en Choloma dirigió una operación que incluyó lavado de dinero de Giovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante, y financiamiento a políticos hondureños con dinero proveniente de la droga. Entre los receptores de ese dinero, dijo Sánchez, están los últimos tres expresidentes de Honduras, incluido Hernández, quien llegó a recibir de Jarufe 250,000 lempiras (unos USD 10,000) al mes.
Al menos dos veces, en 2015, Hernández llegó a Choloma en helicópteros militares a cambiar dólares por lempiras y a reunirse con Jarufe. El contador Sánchez estuvo en esos encuentros y fue en uno de ellos que escuchó una frase que supuestamente dijo el entonces presidente Hernández y que ha servido de muletilla a los fiscales estadounidenses en su acusación. “Vamos a meterle cocaína hasta por la nariz a los gringos”, habría dicho Hernández al narcotraficante Fuentes Ramírez al discutir protección a cargamentos de droga y la posibilidad de asociarse en un narcolaboratorio.
Sánchez declaró el miércoles 21 de febrero en la corte de Nueva York. Frente a él, sentado ante una computadora y flanqueado por sus defensores, Hernández lo escuchó contrariado mientras gesticulaba en negación con la cabeza.
Durante el contrainterrogatorio, Raymond Colon, el defensor del expresidente, preguntó al contador Sánchez si tenía recibos, audios, hojas de cálculo o alguna prueba física que apoyara sus declaraciones. Lo que Sánchez respondió, de ser cierto, habla de cómo, bajo el mandato de Hernández, el Ministerio Público de Honduras sirvió de tapadera a delitos de sangre que habrían servido para encubrir los crímenes atribuidos al presidente.
El contador explicó que había entregado una memoria USB con audios y videos a la fiscal hondureña Marlene Banegas, quien luego comunicó a Sánchez que ella lo había entregado a Óscar Chinchilla, el fiscal general aliado del expresidente. Unas semanas después de que Chinchilla conoció lo que había en la USB, Banegas fue acribillada junto a una compañera de trabajo en San Pedro Sula. Sánchez entregó otra copia de las pruebas a Cristian Ayala, quien también fue asesinado unas semanas después de recibir el material.
Después de esos dos asesinatos, Sánchez decidió huir de Honduras y hablar con las autoridades de este país mientras espera que se le conceda asilo político.
Cuando las jornadas del juicio inician en las frías mañanas del invierno neoyorquino, el ambiente templado al interior de la sala 26B en la corte del distrito sur es apacible. El expresidente Hernández suele entrar con gesto serio y saludar a algunos de los hondureños que llegan a las bancas reservadas al público. Los fiscales y defensores incluso sonríen y hacen bromas entre ellos. Cuando los testimonios empiezan, sin embargo, se abre la caja que guarda los demonios del narcotráfico y la corrupción política en Honduras.
