- El alto mando castrense evadió brindar protección al ente electoral, pese a que la Policía Militar tiene atribuciones legales para resguardar a la ciudadanía y otras instituciones del Estado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La tensión institucional aumenta en Honduras tras la negativa del alto mando de las Fuerzas Armadas a brindar seguridad al Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a una solicitud formal hecha por la consejera Cossette López.
La respuesta castrense fue contundente: esa es función de la Policía Nacional, no del cuerpo armado.
Pero esta postura fue rápidamente confrontada por el vocero de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, quien recordó públicamente que las Fuerzas Armadas cuentan con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada precisamente para apoyar en labores de seguridad ciudadana y protección de instituciones clave del Estado.
“La PMOP fue creada mediante decreto ejecutivo y está legalmente facultada para brindar apoyo en tareas de seguridad, incluyendo la protección del CNE, siempre que exista una solicitud formal”, aclaró Martínez Madrid.
Negarse al resguardo electoral
La controversia estalló cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, respondió al CNE que cualquier solicitud de seguridad debía ser tramitada con la Secretaría de Seguridad, deslindando a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad directa.
El gesto fue interpretado como un acto de evasión institucional, especialmente preocupante en un momento donde el país atraviesa una creciente tensión política, con señales de inestabilidad que podrían afectar la organización de los comicios de 2025.
¿Olvidaron la PMOP?
La PMOP, cuerpo creado el 24 de agosto de 2013, en los últimos meses del gobierno de Porfirio Lobo, tiene entre sus funciones apoyar a las instituciones de seguridad pública y proteger a los poderes del Estado, incluyendo al Consejo Nacional Electoral.
Uno de los artículos fundacionales del decreto que creó este cuerpo señala que la PMOP debe “cooperar con las instituciones de seguridad pública (…) así como en la protección de los poderes del Estado y el Consejo Nacional Electoral, a pedimento de estos, en su instalación y funcionamiento.”
Frente a ello, diversos sectores se preguntan si la negativa del alto mando castrense responde a un desconocimiento de sus atribuciones, una lectura parcial de la ley o una postura política deliberada.
Preocupación por la seguridad democrática
La falta de una respuesta clara y comprometida por parte de las Fuerzas Armadas ha encendido las alarmas entre organismos democráticos y sociedad civil, quienes temen que este tipo de ambigüedades pongan en riesgo la seguridad del proceso electoral.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha dejado en evidencia que los militares sí cuentan con una herramienta legal —la PMOP— para cumplir con el resguardo institucional, dejando la pelota del lado de las Fuerzas Armadas.
