TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, lanzó este lunes una advertencia que ha generado una fuerte polémica política e institucional.
Redondo anunció que suplantará a los diputados de la oposición que no se presenten a las sesiones del pleno, incluso con miembros de otras bancadas, y aseguró que garantizará el funcionamiento del Legislativo “cueste lo que cueste”.
Durante su alocución, Redondo planteó tres escenarios que, según él, permitirían mantener el quórum mínimo de 65 diputados para aprobar decretos y proyectos:
1. Si un diputado propietario no asiste, será sustituido por su suplente.
2. Si ni el propietario ni el suplente se presentan, el espacio será ocupado por otro suplente de la misma bancada.
3. En caso de que tampoco haya suplentes disponibles de esa bancada, el presidente del Congreso se atribuiría la facultad de nombrar un diputado suplente de otra bancada política.
“Le garantizo al pueblo hondureño que en aplicación de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica vamos a impedir que se rompa el quórum y aprobaremos los proyectos de interés para todo el pueblo de Honduras”, declaró Redondo, asegurando que la oposición busca frenar decretos importantes para la población mediante el ausentismo.
Una interpretación peligrosa de la ley
Redondo afirmó que su decisión se basa en el artículo 197 de la Constitución y en el numeral 6 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Sin embargo, expertos constitucionalistas, sectores de oposición y analistas políticos han expresado su preocupación ante lo que consideran una interpretación forzada y peligrosa del marco legal.
Juristas señalan que ninguna norma habilita al presidente del Legislativo a nombrar diputados, ni mucho menos a alterar la representación de las bancadas elegidas democráticamente.
Para muchos, el anuncio de Redondo representa una maniobra autoritaria para consolidar el poder del oficialismo y gobernar sin oposición efectiva en el Congreso.
“Esto es una ruptura del principio de representación y del equilibrio de poderes. Redondo no puede inventarse un Congreso a su medida cuando las cosas no le salen como quiere”, expresó un analista político que pidió anonimato.
¿Congreso paralelo?
Las palabras del titular del Legislativo han sido interpretadas por la oposición como una intención de instalar un Congreso paralelo o una versión controlada del hemiciclo, donde se sustituye arbitrariamente a los diputados ausentes, en contravención a los procedimientos constitucionales.
“Este no es un anuncio administrativo. Es una amenaza directa contra la representación popular y una muestra del rumbo autoritario que está tomando el Congreso bajo el mando de Redondo”, advirtió un diputado opositor que calificó la medida como “inconstitucional, peligrosa y provocadora”.
Denuncias y contradicciones
Durante su mensaje, Redondo también denunció lo que consideró una campaña de desinformación sobre las actas del Congreso Nacional.
Afirmó que en administraciones anteriores se modificaban decretos durante la aprobación de las actas de sesión, algo que, según él, ha sido corregido en su gestión.
“No es cierto que primero se deba aprobar el acta para que un decreto ya votado sea enviado a sanción”, sostuvo Redondo, sin mostrar evidencia concreta sobre las supuestas alteraciones del pasado.
Sin embargo, el momento y tono de la denuncia —mezclado con la amenaza de suplantación de diputados— ha sido leído como un intento de desviar la atención de las irregularidades actuales en el Congreso, muchas de las cuales han sido señaladas por organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación.
El riesgo de una crisis legislativa
El mensaje de Redondo podría desencadenar una nueva crisis en el Congreso Nacional.
Las bancadas opositoras evalúan acciones legales y políticas para enfrentar lo que consideran un intento de “usurpar funciones” y violar la Constitución.
También se anticipan recursos ante la Corte Suprema y posibles llamados de organismos internacionales ante la amenaza al orden democrático.
En lugar de buscar consensos o soluciones institucionales a la parálisis legislativa, el presidente del Congreso ha optado por una estrategia de confrontación, que podría tener graves consecuencias para la gobernabilidad, el Estado de derecho y la ya frágil confianza en el Poder Legislativo.
