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viernes, febrero 6, 2026

Luis Redondo convierte cadena nacional en tribuna partidaria y exige “detener y enjuiciar” a responsables de presunto fraude electoral

  • El presidente del Congreso mezcla advertencia legal con discurso partidario y se acopla con Casa Presidencial en plena crisis institucional.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

En un mensaje transmitido en cadena nacional la noche del miércoles, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, exigió a las autoridades “investigar, detener y enjuiciar” a los responsables de planear un supuesto fraude electoral de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.

“Exijo proceder de acuerdo a la ley, investigar, detener y enjuiciar a toda la estructura que ha venido conspirando para ejecutar un fraude electoral el domingo 30 de noviembre de 2025”, expresó Redondo durante su intervención televisada.

El pronunciamiento ocurre apenas horas después de que el fiscal general, Johel Zelaya, anunciara una investigación formal contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López; el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano; y un militar en servicio activo, por su presunta participación en un plan que, según el Ministerio Público, buscaba alterar la estabilidad política del país.

Audios y legalidad en duda

De acuerdo con el fiscal Zelaya, la investigación se originó a partir de audios entregados por el consejero electoral Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), que ya habrían sido autenticados por el Ministerio Público.

Sin embargo, juristas y analistas en derecho penal advirtieron que la difusión pública de dichas grabaciones podría violar la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, que prohíbe divulgar material obtenido sin autorización judicial.

La polémica en torno a las grabaciones ha puesto en entredicho el manejo institucional del caso y alimenta la percepción de que el proceso podría estar contaminado por motivaciones políticas más que por la búsqueda de justicia electoral.

Redondo se alinea con Casa Presidencial

Durante su mensaje, Redondo reafirmó su respaldo a la presidenta Xiomara Castro y aseguró que el Congreso “no se someterá a intereses particulares ni estrategias partidarias”.

“Ratifico mi compromiso de acompañar a la presidenta Xiomara Castro para garantizar que habrá elecciones limpias, justas, democráticas y transparentes”, declaró.

La declaración ha sido interpretada por sectores opositores como una muestra más del alineamiento político entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un momento de creciente desconfianza institucional y pugna por el control del proceso electoral.

Crisis legislativa y autoconvocatoria

Redondo también se refirió a la autoconvocatoria de más de 70 diputados de oposición, quienes realizaron una sesión alterna en los bajos del edificio legislativo tras denunciar bloqueos para ingresar al hemiciclo.

El titular del Congreso defendió la legalidad de su gestión y recordó que la presidencia del Legislativo es “la única instancia con potestad constitucional para definir la agenda de las sesiones”.

No obstante, la Constitución de la República, en su artículo 91, otorga a cinco diputados la facultad de convocar al Congreso para sesionar en cualquier punto del país cuando causas de fuerza mayor impidan el desarrollo normal de las sesiones.

El artículo 192 establece, además, que el pleno puede sesionar con la mitad más uno de sus miembros, un requisito que —según los registros parlamentarios— fue cumplido durante la reunión autoconvocada. Impedir dichas sesiones podría incluso constituir delito contra los Poderes del Estado.

Un discurso político disfrazado de advertencia legal

Aunque el mensaje de Redondo fue presentado como un llamado a la legalidad, su tono y contenido reflejan la politización del discurso institucional a las puertas de un proceso electoral que ya enfrenta cuestionamientos por parte de diversos sectores.

Para algunos analistas, el uso de la cadena nacional para emitir un mensaje de carácter político evidencia el uso instrumental del poder legislativo para reforzar la narrativa del oficialismo frente a la oposición.

Mientras tanto, la incertidumbre crece. Las instituciones se pronuncian más desde los micrófonos que desde la ley, y la lucha por el poder parece adelantarse a las urnas.

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