- El presidente del Congreso recuerda que la soberanía es del pueblo y que la usurpación de poderes constituye un delito imprescriptible, en un mensaje que apunta a recientes cambios internos del Partido Liberal.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, decidió este jueves impartir una lección de derecho constitucional a través de su cuenta de X, recordando a la ciudadanía y a los actores políticos que la soberanía no es un juego y que la ley no puede ser ignorada.
Con un tono solemne y casi pedagógico, Redondo citó el artículo 2 de la Constitución de Honduras: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”.
Acompañando la cita, Redondo lanzó un mensaje contundente: “No violenten la voluntad popular, este delito no prescribe”. Además, advirtió: “Ojo a quienes están obligados a que este artículo constitucional, que está por encima de las leyes, no se violente, no se permita o se revierta”.
Aunque no mencionó nombres, la publicación se interpreta como una crítica indirecta a los recientes movimientos dentro del Partido Liberal de Honduras, donde se propone que el diputado Jorge Cálix sustituya al diputado Samuel García en el departamento de Olancho.
Redondo cerró su pronunciamiento con una advertencia directa: “No anden quejándose ni diciendo que es persecución política cuando se les aplique la ley”, recordando que el Ministerio Público, a través de su Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, está obligado a actuar de oficio ante la flagrancia de estos delitos.
Con este mensaje, el presidente del Congreso combina lección legal y advertencia política, reforzando la idea de que la Constitución está por encima de intereses partidarios y que cualquier intento de suplantar la soberanía popular tiene consecuencias legales inmediatas.
