- Miriam Barahona desafía al Ministerio Público y defiende la obligatoriedad de las resoluciones electorales, mientras la Corte Suprema decidirá si admite proceso por presunto prevaricato a semanas de las elecciones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La crisis institucional que rodea al proceso electoral hondureño volvió a escalar. La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, reaccionó enérgicamente este viernes, luego de que el Ministerio Público (MP) mantuviera su solicitud de antejuicio en su contra y contra su colega Mario Flores Urrutia, por el presunto delito de prevaricato judicial.
A través de su cuenta en la red social X, Barahona lanzó un mensaje directo que dejó ver el nivel de tensión entre los poderes del Estado: “La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del TJE son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido en el artículo 53 de la CRH. Me avasalla su talento, de cuidar las chambitas”.
La publicación de la magistrada responde a la actuación del Ministerio Público, que insiste en procesar a los funcionarios por una polémica resolución que ordenó la inscripción de diputados de Olancho y Valle, decisión que no fue acatada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que generó fuertes discusiones en el ámbito político y jurídico.
Según la acusación fiscal, los magistrados habrían emitido una decisión contraria a derecho, al resolver sin la integración completa del pleno del TJE, argumento que ha sido contestado desde el tribunal electoral bajo el criterio de que sus fallos son de ejecución inmediata.
CSJ decidirá en medio de tensión electoral
De acuerdo con fuentes judiciales, este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dará a conocer si admite o no la solicitud de antejuicio. Un fallo que podría marcar un precedente en el manejo de conflictos entre órganos electorales y de justicia en un momento altamente sensible para el país.
Barahona defendió nuevamente la legalidad y obligatoriedad de las resoluciones del TJE, insistiendo en que estas deben cumplirse de forma inmediata salvo excepciones constitucionales expresas.
Choque institucional en la recta final electoral
El caso ha generado un profundo debate entre abogados constitucionalistas, observadores y actores políticos, que advierten sobre un peligroso choque institucional entre el Ministerio Público, el Tribunal de Justicia Electoral y ahora la Corte Suprema, justo cuando Honduras se acerca a las elecciones generales de 2025.
Analistas señalan que este conflicto no solo pone en duda la coordinación entre las entidades encargadas de garantizar el proceso electoral, sino que alimenta un clima de incertidumbre y desconfianza en un momento crucial para la estabilidad democrática del país.
