- La magistrada Miriam Barahona afirma que el Ministerio Público prepara acciones penales en su contra tras la resolución que ordenó la inscripción de Jorge Cálix. El Partido Nacional acusa a Libre de usar la justicia con fines políticos, mientras Cálix advierte que el régimen “amenaza con encarcelar magistrados” a un mes de las elecciones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La crisis institucional en Honduras escaló la noche del martes luego de que la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunciara públicamente que el Ministerio Público estaría preparando un requerimiento fiscal en su contra y del presidente del Tribunal, Mario Flores Urrutia, por decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Barahona aseguró que fue alertada “de manera urgente” sobre la inminente presentación de requerimientos para detenerlos “a la brevedad posible”, lo que calificó como un hecho sin precedentes que amenaza la independencia judicial y el Estado de derecho.
“Esto es insólito, que un magistrado se afrente por tomar decisiones legales en garantía de la defensa de la democracia del país. No se puede perseguir a un juez ni a un magistrado por sus resoluciones”, expresó la magistrada visiblemente consternada.
La denuncia surge tras la resolución del TJE que ordenó la inscripción de dos candidatos, entre ellos el diputado Jorge Cálix, lo que generó tensiones políticas y jurídicas dentro del órgano electoral y fuertes reacciones en distintos sectores.
“Sin antejuicio, no hay Estado de derecho”
Barahona advirtió que las acciones del Ministerio Público pretenden ejecutarse sin respetar el antejuicio, una garantía constitucional que protege a jueces y magistrados de ser procesados penalmente por sus decisiones.
“Sin la garantía del antejuicio, esto no es un Estado de derecho. El pueblo hondureño lo debe saber. Alerto a Honduras y a la comunidad internacional, a todas las representaciones diplomáticas en el país”, manifestó.
La magistrada insistió en que las resoluciones emitidas por el pleno del TJE están debidamente motivadas conforme a la Constitución de la República, y que su actuación busca garantizar la continuidad institucional y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
“Suponga usted que el 30 de noviembre no se presente uno de los consejeros, así como ha ocurrido en el Tribunal, y no se pueda dar la declaratoria. Es un precedente jurídico y constitucional que garantiza la continuidad institucional”, explicó.
“Cuando no se respetan las resoluciones judiciales, no se vive en democracia”
Barahona fue enfática al advertir que perseguir a los magistrados por ejercer sus funciones sería socavar la base misma del sistema democrático y judicial.
“Las decisiones de un Tribunal de Justicia Electoral se respetan, gusten o no. Cuando no se respetan las resoluciones emanadas de un órgano judicial, no se vive en democracia, se vive bajo el yugo de una dictadura”, advirtió.
Finalmente, la magistrada hizo un llamado a no permitir que Honduras retroceda a las “épocas oscuras” marcadas por la represión y las detenciones arbitrarias.
“Muchos lo vivimos, sufrimos como familiares de personas que desaparecían y fueron capturadas indebidamente. Aún la historia no les ha hecho justicia”, lamentó.
Reacciones políticas: oposición acusa persecución y advierte autoritarismo
El Partido Nacional reaccionó de inmediato mediante un comunicado en su cuenta oficial de X, exigiendo que el partido Libre ponga fin “al uso del Ministerio Público como herramienta de persecución y amedrentamiento político”.
El mensaje advirtió que los ataques a los magistrados constituyen un “atentado contra la independencia institucional y el orden democrático”, agregando:
“Basta de desestabilizar el país a las puertas de un proceso electoral.”
Por su parte, el diputado Jorge Cálix, uno de los beneficiados por la resolución del TJE, publicó un fuerte mensaje en X en el que denunció que el “régimen autoritario de los Zelaya Castro-Moncada” amenaza con encarcelar a los magistrados del tribunal a tan solo 32 días de las elecciones.
“Como lo he dicho, la democracia está en peligro. Hoy van por los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona. Mañana irán por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall. Si se meten con uno, se meten con todos. No vamos a permitir que se salgan con la suya”, escribió Cálix.
Contexto: el fallo que encendió la tensión electoral
El conflicto se origina tras una resolución del TJE que ordenó la inscripción de candidaturas previamente bloqueadas, decisión que, según juristas y sectores políticos, reconfigura las fuerzas internas dentro de los partidos y marca un precedente legal de amplio alcance.
La denuncia de Barahona ocurre en medio de un clima de polarización política, con el proceso electoral a la vuelta de la esquina y crecientes cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones frente al poder político.
