- Mario Flores Urrutia, del TJE, acusa al Ministerio Público de «instrumentalizar al Estado» y teme un «asalto» a las instituciones electorales; asegura que sus actuaciones se apegaron a la ley.
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció este martes ser víctima de una persecución política que, según él, está siendo orquestada directamente desde el oficialismo.
La grave acusación surge luego de que el Ministerio Público (MP) presentara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio en su contra y en la de su colega, la magistrada Miriam Barahona, por el presunto delito de prevaricato judicial.
Flores Urrutia no solo señaló el proceso legal como un acto de intimidación, sino que también afirmó que en los últimos días ha notado vehículos sospechosos siguiéndolo, una situación que califica como parte de una campaña de hostigamiento.
«He encomendado mi vida a Dios. Lo que está ocurriendo es una persecución desmedida, una copia de lo que pasa en Venezuela», expresó el magistrado ante los medios de comunicación, elevando la tensión política en el país.
Antejuicio busca «asaltar» instituciones electorales
El funcionario insistió en que la acción promovida por el Ministerio Público carece de fundamento legal, ya que tanto sus actuaciones como las de la magistrada Barahona se apegaron estrictamente a la ley.
«Nosotros no nos arrepentimos de aplicar la ley. No vemos si es Cálix, Pedro o Juan, simplemente cumplimos con lo que manda la normativa electoral y constitucional», manifestó Flores Urrutia, defendiendo la imparcialidad de sus decisiones.
El magistrado aseguró que la verdadera intención detrás de la acción del MP es «asaltar y dar un golpe a las instituciones electorales», con el objetivo de debilitar la independencia del TJE. Subrayó que este antejuicio representa una «instrumentalización del Estado y un atentado contra la democracia del país».
Persecución ampliada y señalamiento al Ejecutivo
Flores Urrutia extendió su denuncia al afirmar que la supuesta persecución se dirige a otros miembros de los órganos electorales, incluyendo a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), abogada Cossette López, a su colega Miriam Barahona y al diputado Zambrano, quienes —según dijo— también han sido objeto de presiones e intimidaciones.
El magistrado fue contundente al señalar la fuente de las supuestas directrices: «El Ministerio Público está obedeciendo directrices del Ejecutivo, eso es evidente. Hay una persecución marcada y dirigida contra quienes no se someten a intereses políticos o ideológicos», denunció Flores Urrutia.
Aseguró que las resoluciones por las que se les imputa a él y a Barahona están sólidamente fundamentadas en la Constitución de la República, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, así como en diversos tratados internacionales, incluida la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
El magistrado concluyó enfáticamente: «Este no es un caso de ilegalidad, sino de independencia institucional. Las decisiones que tomamos fueron apegadas a derecho y dentro de nuestras competencias».
