- Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia presentaron un recurso de amparo ante la CSJ, alegando violación a su independencia judicial y a sus derechos humanos tras las acciones del MP en el caso de inscripción de candidatos en Olancho y Valle.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre instituciones electorales y el sistema de justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, acudieron este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo contra el Ministerio Público (MP) y otros actores, luego de los recientes allanamientos y actuaciones fiscales relacionadas con el caso de inscripción de candidatos a diputados en los departamentos de Olancho y Valle.
Acompañados por su apoderado legal, el abogado Oliver Erazo, los magistrados argumentaron que las acciones del Ministerio Público vulneran su independencia judicial, sus derechos humanos y sus facultades como jueces electorales.
“Hoy hemos hecho acto de presencia en la CSJ para interponer este recurso de amparo. A la comunidad internacional debe conocer lo que sucede contra funcionarios de órganos electorales. Presentamos este recurso porque aún tenemos una pequeña esperanza de que se haga justicia en esta máxima casa de justicia”, expresó Flores Urrutia al llegar a la Corte.
Acusan al MP de vulnerar la independencia judicial
Los magistrados sostienen que el Ministerio Público ha sobrepasado los límites de su competencia, interfiriendo directamente en decisiones judiciales del TJE.
“El pueblo hondureño ha sido testigo de lo que ha ocurrido estos días en los órganos electorales y especialmente en el Tribunal de Justicia Electoral. Nuestras decisiones están siendo cuestionadas y perseguidas penalmente, lo cual vulnera la independencia de este poder del Estado”, denunció Flores.
En ese mismo sentido, la magistrada Miriam Barahona señaló que “se está vulnerando la autonomía judicial y los derechos humanos de quienes integramos los órganos electorales”, subrayando que la actuación del MP podría considerarse un precedente grave contra la institucionalidad democrática.
El reclamo: suspensión del acto reclamado
El recurso de amparo busca la suspensión inmediata de las acciones emprendidas por el Ministerio Público, entre ellas la presencia de fiscales y agentes de investigación en las instalaciones del TJE, derivadas de una resolución interna del ente electoral.
“Estamos solicitando la suspensión del acto reclamado, porque las actuaciones del Ministerio Público son arbitrarias y atentan contra el ejercicio legítimo de la función electoral”, detalló el abogado Oliver Erazo.
Abogado defensor: “Hay una instrumentalización de la justicia”
El representante legal de los magistrados, Oliver Erazo, calificó las actuaciones del Ministerio Público como parte de un proceso de “instrumentalización política de la justicia”, advirtiendo que esta práctica pone en riesgo la democracia hondureña.
“La instrumentalización de la justicia se está viendo en toda la sociedad. Hay una violación a la independencia de impartir justicia. Esto atropella y ultraja la Carta Democrática Interamericana. Por eso pedimos a la OEA realizar una visita in loco para constatar lo que está ocurriendo con los impartidores de justicia en Honduras”, declaró Erazo.
El abogado reiteró que el amparo se fundamenta en la defensa de los derechos constitucionales y profesionales de los magistrados y advirtió que la CSJ debe pronunciarse en un plazo no mayor de 24 horas, conforme al procedimiento establecido.
Contexto del conflicto
El conflicto surge luego de que el TJE emitiera resoluciones sobre la inscripción de candidaturas a diputado en Olancho y Valle, que generaron discrepancias entre los órganos electorales y derivaron en investigaciones fiscales ordenadas por el Ministerio Público.
Estas acciones han sido interpretadas por sectores políticos y observadores como un choque de poderes que podría poner en riesgo el desarrollo ordenado del proceso electoral de noviembre.
Una crisis institucional en desarrollo
El recurso de amparo de los magistrados Barahona y Flores se suma a una serie de tensiones institucionales que han marcado el actual proceso electoral, donde la independencia de los entes de justicia y el papel del Ministerio Público se encuentran en el centro del debate público.
Mientras tanto, la Sala Constitucional deberá resolver en las próximas horas si admite o no el amparo, en un caso que podría tener repercusiones directas sobre la estabilidad del sistema electoral hondureño.
