TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, señaló que el controversial Fondo Social, impulsado por el actual gobierno, es simplemente un nuevo rostro del viejo y cuestionado Fondo Departamental, utilizado históricamente para beneficiar políticamente a diputados con recursos del Estado.
Según Solórzano, lejos de erradicar la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos, el Ejecutivo solo trasladó el control del Congreso Nacional a Casa Presidencial, manteniendo intacta la lógica clientelar que por años ha alimentado la corrupción en el país.
“Lo único que hicieron fue maquillar el Fondo Departamental”, dijo contundentemente en declaraciones a medios de comunicación.
En cifras, el señalamiento es alarmante: 950 millones de lempiras anuales fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas bajo el concepto de Fondo Social, totalizando 2,850 millones de lempiras en apenas tres años, recursos que, según se ha evidenciado, han sido gestionados con el aval de diputados oficialistas y canalizados a través de distintas secretarías de Estado.
Estas prácticas se relacionan directamente con el reciente escándalo del “cheque video”, una filtración audiovisual que provocó la renuncia del ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, y expuso la presión ejercida por la diputada de Libre, Isis Cuéllar, para distribuir fondos que terminaron en manos de personas sin necesidad económica aparente, según denuncias verificadas en Copán.
“La Secretaría de Finanzas firmaba las autorizaciones con el visto bueno del diputado, pero lo más grave es que estos fondos llegaron a personas que no los necesitaban. Eso ya no es asistencia social, es un patrón de corrupción encubierta”, advirtió Solórzano.
Además, el titular del CAH lamentó que las asignaciones anuales están sobredimensionadas y que, en la práctica, solo han fortalecido el clientelismo político, favoreciendo a legisladores leales al oficialismo mientras se margina a otros sectores y se debilita la institucionalidad democrática.
Finalmente, Solórzano exigió al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que las investigaciones no queden en la sombra y que se determinen las verdaderas responsabilidades.
“Esto no puede mantenerse en secretividad. Creemos que hay más personas involucradas”, concluyó.
