• La diputada liberal advierte de un posible trasfondo político y denuncia un trato desigual en el Poder Judicial de cara a las elecciones
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, lanzó este martes fuertes cuestionamientos contra el Ministerio Público (MP) por el requerimiento fiscal presentado en contra de un familiar y operador político del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.
La legisladora afirmó que resulta llamativo que el edil no figure como imputado, a pesar de ser el responsable de la administración municipal. “¿Cuándo inició el MP esa investigación? ¿Por qué hasta ahora se presenta este requerimiento? ¿Hay algún trasfondo político en ello de cara a las elecciones generales que deben celebrarse en 68 días?”, planteó Espinoza.
Señalamientos de intimidación
En su pronunciamiento, la congresista se preguntó si el objetivo del proceso judicial es “intimidar o chantajear al alcalde para que deje ganar las elecciones” o, incluso, eliminar adversarios políticos mediante la judicialización.
Espinoza advirtió que sería “muy grave” si el sistema de justicia actúa con criterios distintos según la filiación política de los acusados. “¿Cuál es la base jurídica para que en el Poder Judicial se trate de forma diferente a políticos de oposición, a pesar de encontrarse en las mismas circunstancias?”, cuestionó.
Recordó que en otros casos, como el del exalcalde capitalino Nasry ‘Tito’ Asfura, conocido como Papi a la Orden, se permitió un trámite sin orden de captura. Por ello, exigió que se respete al alcalde Contreras el derecho al antejuicio que le corresponde como funcionario en ejercicio.
“Lo están victimizando”
Para la diputada liberal, la estrategia oficialista no tendrá el efecto esperado: “Lo que no calcularon en Libre es que, con esas acciones desesperadas, en lugar de debilitar al alcalde Contreras, lo están victimizando y con ello asegurándole su reelección”.
Espinoza también comparó la situación con otros casos de presunta corrupción. Señaló que, mientras se persigue judicialmente a opositores, “los delitos cometidos en Sedesol al parecer no son importantes porque afectarían la candidatura de Rixi Moncada”.
Finalmente, la congresista advirtió que, si no se respeta la igualdad ante la ley ni el debido proceso, Honduras estaría frente a un “estado policía”.
Un «estado policía» es un régimen político autoritario o totalitario donde el gobierno ejerce un control estricto sobre la sociedad, suprimiendo libertades civiles mediante una fuerza policial omnipresente, que incluye a menudo una policía secreta, y haciendo uso intensivo de la vigilancia y la censura para mantener el poder.
