TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, reaccionó con severas críticas tras la cadena nacional transmitida la noche del lunes, en la que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió sobre posibles expulsiones e inhabilitaciones de diputados opositores.
Espinoza calificó las declaraciones como un “acto autoritario y peligroso” que vulnera la Constitución y desacredita aún más la institucionalidad democrática en Honduras.
“¿Ahora Luis Redondo pretende erigirse como un gran juez para juzgar a los demás diputados?”, cuestionó Espinoza en sus redes sociales.
Para la diputada, lo dicho por Redondo constituye una amenaza directa al principio de colegialidad que rige el funcionamiento del Poder Legislativo y una muestra alarmante de abuso de poder.
“Peligrosamente ha afirmado que tiene la autoridad para expulsar diputados, vulnerando así la propia Constitución y cometiendo graves delitos públicamente”, denunció.
Acusaciones de autoritarismo e ilegalidad
Espinoza señaló que Redondo ignora —o pretende ignorar— que la evaluación de la conducta de un diputado sólo puede realizarse mediante juicio político, conforme lo establece el artículo 215, numeral 15, y el artículo 234 de la Constitución de la República.
“Solo el Pleno tiene la potestad de examinar la conducta de los diputados, no el presidente del Congreso por voluntad propia”, recalcó.
El tono de la diputada liberal fue particularmente severo. En un país donde los límites entre legalidad e improvisación política parecen difuminarse cada vez más, Espinoza acusó al oficialismo de gobernar con una estrategia basada en la permanente violación de la Constitución y el uso de la violencia política como herramienta de control.
“No basta con amenazar; ahora dice que va a suplantar a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso con los suplentes de su propio partido. Eso es una burla a la democracia”, sentenció.
Silencio del Ministerio Público: ¿complicidad o indiferencia?
En una denuncia que ha sido reiterada por varios sectores opositores, Espinoza criticó la pasividad del Ministerio Público ante lo que calificó como delitos cometidos “a plena luz del día”.
“Hoy, en Honduras se cometen delitos públicamente por parte de funcionarios, y el MP pareciera mudo, sordo y ciego ante lo que acontece”, lamentó.
La diputada concluyó su intervención con una advertencia: “Ya solo le falta emitir leyes sin necesidad de debatirlas o aprobarlas en el Pleno, o hacerlo solo con la bancada de Libre, sin importar que son una minoría. Esto es nefasto”, afirmó.
En juego: el equilibrio de poderes y la credibilidad institucional
Las declaraciones de Espinoza se suman a una creciente ola de críticas de diferentes sectores políticos frente a lo que se percibe como un ejercicio autoritario del poder desde el Congreso Nacional.
La idea de que se pueda “suplantar” a fuerzas políticas legítimamente electas, o inhabilitar a diputados por desacuerdo político, pone en duda el respeto a las reglas del juego democrático.
Más allá de la confrontación política, el trasfondo de esta crisis revela un problema mayor: la debilitación de los contrapesos institucionales, la manipulación del aparato legal y el uso de la intimidación como herramienta de gobernabilidad.
En este escenario, voces como la de Maribel Espinoza alertan sobre el avance de una peligrosa normalización de la ilegalidad en la esfera pública.
