- El penalista califica el proceso como un “show político” para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta Honduras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El abogado penalista Marlon Arévalo cuestionó las acciones judiciales contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y pronosticó que el proceso podría concluir con acuerdos políticos, sin que los señalados reciban sentencias condenatorias.
A criterio del profesional del derecho, el caso corre el riesgo de convertirse en un “show político” que desvíe la atención de los problemas que enfrenta Honduras, entre ellos la inseguridad, la crisis económica y las dificultades en los sistemas de salud y educación.
“Creemos nosotros de que sinceramente no hay que hacer un show político para desviar la atención”, expresó Arévalo, al manifestar su desacuerdo con las órdenes de captura vinculadas al expediente.
El penalista también cuestionó la actuación de algunos diputados que actualmente impulsan acciones contra los exintegrantes de la Comisión Permanente, al señalar que, según su versión, algunos de ellos habrían participado o respaldado anteriormente decisiones legislativas que ahora son objeto de cuestionamientos.
Arévalo consideró que estas disputas profundizan la confrontación política y puso en duda los resultados de otros procesos relacionados con presuntas irregularidades en la administración pública, al asegurar que, hasta donde él señala, no han culminado en condenas.
“¿Qué es lo que ha sucedido? Díganme hasta el día de hoy, de todos esos expedientes, ¿cuál tiene sentencia condenatoria? Ninguna”, cuestionó.
Sobre el curso del caso actual, el abogado estimó que los señalados podrían presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales para evitar una eventual captura y la exposición pública que implicaría ser trasladados bajo custodia.
Finalmente, Arévalo sostuvo que el proceso podría terminar en entendimientos entre actores políticos, sin condenas penales. “Al final, pues, van a existir acuerdos políticos en los cuales no va a existir ninguna sentencia condenatoria”, afirmó.
Sus declaraciones constituyen una valoración del abogado sobre el posible desenlace del caso. La responsabilidad penal de los señalados deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
