- Tras ser acusado por la consejera Cosette López de amenazas y presiones, Marlon Ochoa niega los señalamientos y asegura que existe un plan de “boicot y desprestigio” contra las elecciones. Su respuesta, lejos de calmar el conflicto, profundiza la crisis en el órgano electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, respondió con dureza a las acusaciones de su colega Cosette López, quien lo denunció públicamente por supuestas amenazas durante la discusión del contrato de conectividad satelital para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En lugar de apaciguar el conflicto, Ochoa optó por una ofensiva pública, señalando que las denuncias forman parte de “un plan de boicot y desprestigio” destinado a sabotear las elecciones generales de 2025.
“El boicot a la conectividad satelital continúa, como parte del plan para desprestigiar y destruir las elecciones. El bipartidismo pretende contratar empresas fachada que son las mismas que participaron en el fraude de 2017, y presentan ofertas por debajo de los precios de mercado, para la transmisión de 2,000 urnas rurales”, declaró el funcionario.
Sin embargo, sus declaraciones —marcadas por un tono político más que técnico— han despertado nuevas críticas sobre la forma en que Ochoa maneja su papel dentro del CNE, una institución que debería actuar con neutralidad y transparencia en medio de un ambiente electoral ya polarizado.
El discurso de Ochoa y las sombras de Smartmatic
Ochoa insistió en que la comisión evaluadora del proceso identificó ofertas “anormalmente bajas” y que el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado faculta al CNE a desestimar propuestas especulativas.
A su vez, defendió el proceso impulsado por su despacho y recordó que ha entregado audios al Ministerio Público que —según él— demostrarían intentos de manipular la adjudicación.
“Los audios deben abrirse para constatar el intento de fraude y sus responsables”, sostuvo, sin ofrecer detalles sobre el contenido o los actores involucrados.
Pese a sus afirmaciones, Ochoa no aclaró por qué insiste en defender la adjudicación a Smartmatic, empresa cuestionada en distintos países por presuntas irregularidades técnicas y vínculos políticos.
La consejera López afirmó que la propuesta de dicha compañía es la más alta, con una diferencia de hasta 67 millones de lempiras, frente a otras ofertas que cumplen los mismos requisitos a menor costo.
El hecho de que Ochoa insista en respaldar a una empresa con ese historial genera suspicacia sobre la imparcialidad del proceso, y expone el riesgo de decisiones motivadas por intereses políticos o de grupo dentro del ente electoral.
CNE en crisis: del arbitraje electoral al campo de batalla político
El enfrentamiento entre ambos consejeros ha vuelto a poner en evidencia la fractura interna en el CNE, donde cada decisión crucial parece librarse como una guerra entre facciones.
Mientras Ochoa habla de un “boicot del bipartidismo”, otros sectores señalan que su conducta y lenguaje contribuyen a la pérdida de confianza en la institución, cuyo papel debería ser el de árbitro, no el de actor político.
Analistas advierten que el clima de confrontación en el órgano electoral mina la credibilidad del proceso de 2025, y podría tener consecuencias directas en la estabilidad política y la aceptación de los resultados.
Vigilancia internacional y temor de crisis electoral
Ante la escalada de tensiones, distintos sectores políticos han solicitado la intervención de organismos internacionales y observadores electorales, para garantizar que la adjudicación del contrato y la organización de los comicios se realicen con criterios técnicos, no partidistas.
Por ahora, el conflicto entre Ochoa y López deja una certeza: el CNE atraviesa una de sus peores crisis de confianza en vísperas de las elecciones generales, y sus divisiones internas amenazan con trasladar la incertidumbre del pleno electoral a las urnas.
