- El consejero del CNE recurre a la vía constitucional y denuncia que buscan procesarlo con una ley cuestionada que el Estado hondureño está obligado a reformar
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En un nuevo giro del pulso institucional, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el que intenta frenar el juicio político que se promueve en el Congreso Nacional en su contra.
Ochoa impugna el artículo 243 reformado de la Constitución y varios artículos de la Ley Especial del Juicio Político, al considerar que la normativa permite una aplicación discrecional y no garantiza plenamente derechos fundamentales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.
“El juicio político quedó diseñado sin controles claros y con amplios márgenes de discrecionalidad. No se puede aplicar una ley que arrastra cuestionamientos y cuya reforma es una obligación pendiente del Estado de Honduras”, expresó el funcionario tras presentar la acción.
Busca suspensión preventiva y reformas
En su recurso, el consejero solicita que se inaplique de manera preventiva el artículo 234 constitucional y que se ordene al Congreso Nacional promover reformas tanto a la Constitución como a la ley secundaria que regula el juicio político.
Además, sostuvo que el proceso en su contra ha comenzado con “prejuzgamientos”, lo que —a su criterio— confirma que la motivación es política y no estrictamente jurídica.
En medio de una fuerte tensión política
El representante del partido Libertad y Refundación (Libre) ha vinculado el juicio político a sus denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2025.
A criterio de Ochoa, hay suficientes pruebas de las manipulaciones e injerencias de parte del presidente Donald Trump en el proceso hondureño que dio como ganador a Nasry Asfura.
Según Ochoa el juicio político se está iniciando por dos sencillas razones: “la primera, una porque soy el único testigo directo y presencial del fraude realizado en noviembre de 2025, no solo de las manipulaciones e injerencias ejecutadas por Estados Unidos, por las maras, pandillas y narcotráfico. También soy testigo directo de lo que pasaba a lo interno del CNE donde dejaron de contarse más actas y votos”.
Y la segunda: “quieren sacarme porque en 2029, viene el capo narcotraficante, convicto, Juan Orlando Hernández a inscribirse en las elecciones siguientes. Esas son las verdaderas razones por las que quieren iniciar un juicio político, amparados por una ley que ya ha sido ordenado el Estado de Honduras que lo tienen que reformar”.
Ahora será la CSJ la que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, mientras el Congreso mantiene abierta la posibilidad de activar el juicio político, en un contexto que vuelve a tensar las relaciones entre los poderes del Estado.
