• El consejero oficialista busca inhabilitar a su colega para conocer decisiones clave del proceso electoral, en medio de acusaciones de persecución política y creciente desconfianza en el árbitro electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El conflicto interno en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras continúa escalando.
En las últimas horas, el consejero Marlon Ochoa presentó formalmente una recusación contra su homóloga Cossette López, argumentando una “pérdida de imparcialidad objetiva” que —según él— comprometería la transparencia del proceso electoral de 2025.
La solicitud fue presentada ante la Secretaría General del CNE y tiene como propósito que la consejera no participe en la resolución de la declaratoria de las elecciones generales, ni en los acuerdos vinculados al transporte, conectividad satelital, observación electoral, transmisión de resultados preliminares (TREP) y escrutinio general, entre otros temas cruciales para la organización de los comicios.
Las acusaciones de Ochoa
En su escrito, Ochoa argumenta que existen “causas objetivas” que comprometen la neutralidad institucional de López, alegando que actualmente es investigada por el Ministerio Público como presunta autora de delitos contra la Constitución y delitos electorales.
Según el consejero, permitir su participación en decisiones estratégicas del CNE podría “afectar la validez de las resoluciones colegiadas y generar responsabilidades administrativas o de control constitucional”.
Ochoa también acusó a su compañera de mantener una “enemistad manifiesta” contra el Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que —a su juicio— se ha reflejado en “acciones orientadas a impedir el desarrollo normal del proceso electoral”.
Tensión política y señales de desconfianza
La recusación contra López se produce en un ambiente de fuerte polarización dentro del órgano electoral, justo cuando el país se acerca a un proceso decisivo.
La medida es vista por diversos sectores como un intento del oficialismo de excluir voces críticas del CNE, especialmente aquellas que han cuestionado la influencia política del gobierno en la preparación de las elecciones.
López, quien ha denunciado públicamente presiones y ataques por parte del oficialismo, sostiene que se busca “acallar su voz y apartarla del pleno” para favorecer decisiones alineadas con el partido de gobierno.
En semanas recientes, ha advertido que el Ministerio Público actúa de manera parcializada, y que incluso teme represalias políticas o judiciales por oponerse a lo que considera “una manipulación del proceso electoral”.
Un órgano bajo sospecha
La confrontación entre Ochoa y López refleja el deterioro de la confianza en el árbitro electoral, que debería actuar con independencia y equilibrio en un contexto ya marcado por denuncias de abuso de poder, ataques judiciales y cuestionamientos al uso partidista de las instituciones.
Analistas advierten que este tipo de disputas internas erosionan la credibilidad del CNE y generan dudas sobre la transparencia de las elecciones generales de 2025.
“Si el órgano encargado de garantizar la democracia está dividido, el riesgo de una crisis poselectoral aumenta significativamente”, opinó un experto en temas electorales consultado por este medio.
Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo las diferencias personales y políticas dentro del CNE podrían convertirse en el mayor obstáculo para unas elecciones verdaderamente libres, transparentes y confiables.
