- El fiscal Luis Javier Santos confirma que las indagaciones incluyen casos de alto impacto como “Planeta 2” y el manejo irregular de fondos legislativos; actuales congresistas también figuran entre los investigados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El coordinador de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, reveló que más de 200 diputados y exdiputados han sido objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción, muchos de ellos vinculados a administraciones anteriores, aunque también hay legisladores en funciones que continúan bajo indagación.
“Creo que el número de diputados y exdiputados supera los 200; estos vienen de administraciones pasadas y algunos todavía siguen siendo investigados”, afirmó Santos en declaraciones ofrecidas este jueves.
Entre los casos que integran estas investigaciones figura “Planeta 2”, un expediente que, según el fiscal, involucra directamente a varios congresistas, lo que refuerza la gravedad del entramado de corrupción identificado en el ámbito legislativo.
Focos de corrupción: fondos legislativos bajo la lupa
Santos detalló que uno de los principales puntos de interés en las investigaciones ha sido el manejo irregular de fondos legislativos, entre ellos el Fondo de Desarrollo Departamental y el Fondo Social Departamental, mecanismos históricamente señalados como fuentes de desvío de recursos públicos.
“Nosotros investigamos el Fondo de Desarrollo Departamental, el Fondo Social Departamental, pero hay una línea que no está siendo conocida por UFERCO”, advirtió el fiscal, sugiriendo que aún existen zonas oscuras en el manejo del presupuesto público por parte del Congreso Nacional.
Estas estructuras, según analistas, sirvieron durante años como canales opacos de distribución de fondos estatales hacia fines no fiscalizados, muchas veces con fines políticos o clientelistas.
Casos abiertos, sin impunidad garantizada
Aunque muchos de los expedientes se remontan a gobiernos pasados, Santos recalcó que las investigaciones siguen activas y que no se descarta la participación de legisladores actuales en los hechos delictivos. Esto mantiene en la mira judicial a figuras que hoy ocupan curules en el Congreso Nacional.
La UFERCO fue creada con el objetivo de perseguir redes de corrupción complejas, que involucran a funcionarios públicos, empresarios y operadores políticos, y ha asumido casos de alto perfil desde que tomó el relevo de la disuelta UFECIC, que operaba en alianza con la MACCIH de la OEA.
Actualmente, UFERCO actúa bajo la dirección del Fiscal General del Estado, con independencia técnica, aunque ha enfrentado presiones políticas y limitaciones institucionales para avanzar en procesos de gran calado.
Corrupción estructural y redes protegidas
Los hallazgos que señala Santos refuerzan la percepción de que la corrupción legislativa no ha sido un fenómeno aislado, sino parte de estructuras sistémicas que operaron —y posiblemente aún operan— con niveles preocupantes de impunidad y complicidad política.
La falta de resoluciones judiciales firmes en muchos de estos casos ha sido motivo de crítica por parte de organizaciones de sociedad civil, que reclaman voluntad política real y garantías institucionales para que los expedientes no queden archivados.
Llamado a la transparencia y al seguimiento ciudadano
Los señalamientos de UFERCO se dan en un contexto donde el país se prepara para procesos electorales decisivos en 2025, y donde la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y limpieza en el ejercicio del poder.
En ese sentido, Santos enfatizó la importancia de continuar el trabajo fiscal sin interferencias ni favoritismos: “Lo que hacemos es seguir el rastro del dinero público y determinar si hubo o no uso indebido. Es una tarea técnica, no política”, concluyó.
