FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La ejecución de fondos de instituciones del Poder Ejecutivo destinados a asistencia social, tras la gestión que hacen diputados, en su mayoría del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), quienes terminan capitalizando políticamente esa asistencia mediante actos de proselitismo, ordenó desde su despacho presidencial el titular del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de acuerdo con una investigación realizada por el medio de comunicación ICN.
En tanto, este acto representa una doble ilegalidad, porque ni Redondo está facultado para autorizar los desembolsos ni los parlamentarios pueden requerirle que los apruebe.
La indagación señala que, los fondos que Redondo ha autorizado corresponden a sendas partidas específicas del presupuesto general de 2023 y 2024, cada una por 950 millones de lempiras, orientadas a proyectos de beneficios sociales. Y cada presupuesto detalla una lista de instituciones gestoras y ejecutoras.
Además, en ningún caso se establece la participación del CN ni de su presidente como instancia autorizadora o canalizadora de los fondos.
Sin embargo, el titular del Poder Legislativo, ignoró los límites legales. De los mil 900 millones aprobados en los presupuestos de ambos años, firmó oficios que autorizaron directamente la ejecución de 799 millones de lempiras, en respuesta a solicitudes presentadas por 79 diputados (37 propietarios y 42 suplentes) de cuatro partidos políticos; de ellos, 71 son diputados propietarios electos del oficialista partido Libre, al que pertenece el titular del Legislativo.
Cabe destacar que, el CN está compuesto por 128 diputados propietarios e igual número de suplentes.
Esa cifra de fondos aprobados por Redondo fue comprobada mediante documentos obtenidos tras una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), una de las instituciones ejecutoras designadas por los decretos. En la misma se entregó documentación de respaldo de la inversión de los fondos.
Asimismo, las pesquisas muestran que para el año 2025, también se aprobó una partida similar de 950 millones de lempiras, pero los datos correspondientes no pudieron ser corroborados porque la información no fue entregada.
Estos fondos son independientes de los que el CN administra directamente en su presupuesto bajo las líneas de ayuda social a personas, donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro y donaciones a instituciones descentralizadas.
Por lo cual, esta vía, entre enero de 2022 y abril de 2025, el Poder Legislativo ha erogado un total de 632.8 millones de lempiras, de los cuales nunca ha rendido cuentas.
La partida presupuestaria ha sido señalada como una forma de mantener ese mecanismo bajo otra denominación, a pesar que en agosto de 2023 fue derogado el decreto 116-2019.
Ese decreto permitía transferencias de fondos destinados a proyectos sociales, no obstante, durante muchos años, por la falta de control, fue desviado a cuentas privadas de parlamentarios.
Se autorizó 950 millones de lempiras para obras sociales, infraestructura menor y becas educativas, a ser ejecutadas por instituciones del Poder Ejecutivo como el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sedesol, Secretaría de Gobernación y Educrédito, para el ejercicio fiscal 2023, a través del artículo 292 del decreto 157-2022.
Al año siguiente, se repitió la asignación por el mismo monto (950 millones de lempiras) e incluyó además la construcción de canchas deportivas entre los fines autorizados. A la lista de instituciones ejecutoras se sumaron el Fosodeh y Condepor, respaldándose en el artículo 338 del decreto 62-2023, que contiene el presupuesto de 2024.
Los artículos indican que la ejecución de los fondos está autorizada y debe realizarse únicamente por esas instituciones y a solicitud de estas, siendo la Secretaría de Finanzas (Sefin) la encargada de operar los desembolsos conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto.
La documentación en manos de ICN Investiga, expone que este procedimiento fue tergiversado. En primera instancia, los 79 diputados dirigieron sendas notas en esos dos años al entonces primer secretario del Congreso, Carlos Zelaya, para que “se realicen las diligencias respectivas” a efecto de que se aprueben los recursos para desarrollar proyectos en los departamentos que representan.
Cada uno de los documentos establece los montos que se deberán ejecutar cada institución del Ejecutivo, pues no son los parlamentarios quienes los llevan a cabo, y se hace énfasis en que la asistencia es “con fines de utilidad pública, como instrumento de desarrollo económico”.
Asimismo, quedó plasmado que el exsecretario del CN, Carlos Zelaya, envió oficios al presidente del Legislativo para solicitarle “su consideración” ante las solicitudes de los diputados.
Subsiguientemente, desde el CN se emitieron las autorizaciones. En la respuesta a la solicitud de información hecha a Sedesol se muestran oficios remitidos por Redondo al titular de esa cartera, Carlos Cardona, en los que se le indica que “este Poder del Estado (Congreso Nacional) autoriza dicha ejecución” del proyecto pedido por un “honorable diputado”.
En el escrito, Redondo le expresa a Cardona “tengo a bien poner a su consideración las instituciones ejecutoras; es decir, aparentemente sugiere que Sedesol ejecute los fondos, pese a que ya hubo una autorización”.
Lo que muestra que Redondo, utilizó la misma modalidad de comunicación y procedimiento para las otras dependencias estatales, de acuerdo con fuentes consultadas por ICN Investiga.
Por otro lado, de los 799 millones de lempiras ejecutados por orden de Redondo, 481.6 millones corresponden a 2023 y los restantes 317.3 millones se erogaron en 2024.
Entre los diputados que solicitaron fondos y recibieron autorización de Redondo, figuran 71 del partido Libre y ocho provenientes de partidos de oposición, al menos en términos formales.
De estos últimos, cuatro pertenecen al Partido Liberal, incluyendo a su jefe de bancada, a quien se le aprobaron 1.5 millones de lempiras. También gestionaron recursos tres diputados suplentes del Partido Salvador de Honduras (PSH) y un legislador del partido Demócrata Cristiano (DC).
Aunque todos figuraban como miembros de partidos opositores, varios de ellos ya habían mostrado acercamientos al oficialismo en votaciones clave, y posteriormente rompieron filas con sus bancadas. Algunos fueron expulsados por actuar en desacuerdo con las directrices partidarias, mientras que otros terminaron alineándose con Libre de forma abierta.
Mientras que del Partido Nacional no figura ningún legislador que haya pedido recursos de esta partida presupuestaria del Ejecutivo.
Detalle de gestión y aprobación por partido:
- Partido Libre: 761.8 millones de lempiras
- Partido Salvador de Honduras (PSH): 18.6 millones de lempiras
- Demócrata Cristiano (DC): 13 millones de lempiras
- Partido Liberal: 5.6 millones de lempiras
*Esta lista está compuesta por diputados según resultaron electos en las elecciones de 2021. En 2024, los tres parlamentarios del PSH que gestionaron los 18.6 millones de lempiras pasaron a las filas de Libre.
Siete instituciones del Poder Ejecutivo desarrollaron, entre 2023 y 2024, proyectos y asistencias sociales valorados en casi 800 millones de lempiras que fueron autorizados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rendondo, pese a que este no estaba facultado para ello.
La mayoría de los diputados requirió y se le autorizó 6.5 millones de lempiras por año (totalizando 13 millones en el periodo), monto que era asignado, según solicitaban, para que lo ejecutara una o varias instituciones.
Pero hay un grupo selecto de parlamentarios de Libre, casi todos miembros de la Junta Directiva del Legislativo, que tiene una cuenta mayor.
La diputada que más ayudas sociales gestionó fue Issis Carolina Cuellar Erazo (vicepresidenta alterna II y subjefa de bancada de Libre), representante propietaria por Copán, con un total de 37.5 millones de lempiras.
En segundo lugar, aparece Silvia Bessy Ayala Figueroa, de Cortés (secretaria alterna II), con 19 millones.
El tercer puesto lo comparten Luz Angélica Smith Mejía (secretaria I), diputada propietaria de Santa Bárbara; Josué Fabricio Carbajal Sandoval, de Valle (prosecretario I); Edgardo Antonio Casaña Mejía, de Santa Bárbara (vicepresidente II); y Hugo Rolando Noé Pino, de Francisco Morazán (vicepresidente I), quienes gestionaron 18.9 millones de lempiras cada uno, en su mayoría canalizados a través de Sedesol y Gobernación.
Luego está Luis Rolando Redondo Guifarro, diputado por Cortés, quien gestionó 16.5 millones de lempiras bajo su propio nombre.
Sólo este grupo de siete parlamentarios de Libre concentraron casi 148 millones de lempiras en transferencias de carácter social, lo que representa casi una quinta parte de los 799 millones ejecutados.
