- Mientras el 38 % de los fondos se destinó a alimentos y bebidas y otro 24 % al alquiler de vehículos, la inversión en equipo policial apenas alcanzó el 3 %, según cifras oficiales
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La administración de Xiomara Castro destinó solo en 2025 más de 1,900 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad para la compra de alimentos y bebidas, mientras que más de 1,200 millones fueron utilizados para el alquiler de vehículos, dejando en evidencia que el grueso de estos recursos se concentró en gasto corriente y no en el fortalecimiento directo de las capacidades policiales.
De acuerdo con información oficial presentada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, durante su participación en un foro televisivo, el 38 % del total ejecutado de la Tasa de Seguridad fue destinado a productos alimenticios y bebidas, mientras que el 24 % se asignó al alquiler de transporte terrestre.
En contraste, la compra de equipo de seguridad para la Policía Nacional recibió apenas el 3 % del total, equivalente a 135.1 millones de lempiras, una cifra que resulta marginal frente al volumen total ejecutado y que plantea dudas sobre la prioridad otorgada al equipamiento operativo de los cuerpos de seguridad.
“Esos fondos de la Tasa de Seguridad fueron ejecutados, sin embargo, carecen de mucha transparencia”, reconoció el propio titular de Finanzas, una afirmación que refuerza los cuestionamientos sobre los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas en el uso de este tributo.
Concentración del gasto por instituciones
En términos institucionales, la Secretaría de Seguridad, que durante 2025 estuvo bajo la dirección de Gustavo Sánchez, concentró el 54 % de los fondos, equivalentes a 2,793.5 millones de lempiras, convirtiéndose en la principal ejecutora de la Tasa de Seguridad.
En segundo lugar, se ubicó la Secretaría de Defensa Nacional, con 742.4 millones de lempiras (14 %), seguida del Instituto Nacional Penitenciario, que ejecutó 697.5 millones (13 %).
Además, 625.2 millones de lempiras (12 %) se destinaron al pago de deuda pública, pese a que la tasa fue creada para atender directamente la seguridad ciudadana.
En contraste, instituciones vinculadas a la atención social y la justicia recibieron asignaciones mínimas.
La atención a menores infractores apenas alcanzó el 1 %, al igual que la Secretaría de Asuntos de la Mujer, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos recibió 0.4 %, equivalente a 18.4 millones de lempiras, y el Poder Judicial apenas 0.2 %, con 8.5 millones.
Un tributo bajo cuestionamiento
En total, durante el último año del gobierno de Castro, la Secretaría de Finanzas ejecutó 5,186.4 millones de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad.
Las cifras oficiales reflejan un modelo de gasto enfocado en consumo y servicios, mientras la inversión estratégica en seguridad, justicia y prevención quedó relegada, reavivando el debate sobre la efectividad real de la tasa y la transparencia en su manejo.
