ISRAEL.
(RT)- El sábado miles de israelíes volvieron a salir a las calles en varias ciudades del país para protestar contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ante este escenario, cada vez surgen más señalamientos sobre los riesgos que corre la economía del país en caso de concretarse la iniciativa.
El descontento con la propuesta del Ejecutivo, considerado como el más conservador y de extrema derecha en la historia del país, se evidencia también en las encuestas. Así, un sondeo realizado por el Canal 12 a mediados de febrero mostró que solo un 24 % de los entrevistados apoyaba la reforma sin cambios, mientras que un 31 % abogaba por renunciar a la idea y un 31 % optaba por posponerla para dialogar sobre el contenido.
Otra encuesta efectuada por el Instituto de Democracia de Israel (IDI, por sus siglas en inglés) apuntó a que un 66 % de los israelíes creen que el Tribunal Supremo, cuyas funciones se pretende limitar, debe contar con potestades para anular normas que son incompatibles con las leyes fundamentales de la nación, textos aprobados por la Knéset (Parlamento) que se usarán para redactar la Constitución del país, recoge The Times of Israel.
Asimismo, un 47 % de los que votaron por el partido Likud de Netanyahu defienden la facultad del Supremo de supervisar las leyes básicas y derogar cualquier norma que considere inconstitucional.
¿Cuáles son los puntos clave de la reforma?
La reforma, presentada el 4 de enero pasado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, aspira a debilitar el Supremo frente al Gobierno y cambiar el sistema de elección de los jueces.
Esta medida otorgaría al Gobierno de Netanyahu el control total sobre el nombramiento de jueces, limitaría gravemente la capacidad del Tribunal Superior de Justicia para anular leyes, y permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes anuladas por el Tribunal si se alcanza una mayoría simple de 61 diputados.
Además, tras la reforma, las autoridades israelíes también podrán nombrar un presidente y un vicepresidente del Tribunal Supremo que no hayan formado parte de él y que incluso nunca hayan sido jueces de tribunales inferiores.
Si se lleva a cabo, el Supremo sería privado de evaluar las decisiones del Ejecutivo desde el punto de vista de viabilidad. Asimismo, la coalición gobernante tendría más control sobre el nombramiento de magistrados y permitiría a los ministros promover a sus propios asesores jurídicos.
Comentando los cambios, el presidente del IDI, Yohanan Plesner, señaló que «el mayor peligro» que podría acarrear la reforma es la concentración «de todo el poder político en las manos del brazo ejecutivo» que ya tiene «suficiente control sobre la Knéset».
«Todas las democracias funcionales, sanas y sólidas tienen una clara separación de poderes, así como controles y equilibrios para garantizar que ningún individuo o institución tenga demasiado poder político», aseguró Plesner en comentarios a CNBC.
¿Se avecina una tormenta para la economía?
Aparte de las consecuencias políticas y señalamientos sobre el empeoramiento de la situación democrática, cobra fuerza el desasosiego por los efectos económicos que podría acarrear la reforma especialmente para el sector de altas tecnologías que, en gran medida, depende de las inversiones extranjeras directas.
En un reciente reporte elaborado por la economista jefa del Ministerio de Finanzas de Israel, Shira Greenberg, advirtió que «es probable que las agencias de calificación crediticia reaccionen» ante la enmienda.
La preocupación de los inversores ya se reflejó en el tipo de cambio del séquel, la moneda nacional del país, que en febrero se depreció un 6 %, el mayor desplome entre las grandes divisas mundiales después del rublo ruso y el won koreano, destaca The Times of Israel. Si el 3 de febrero el séquel se cotizaba por 0,29 frente al dólar, el 3 de marzo cayó hasta 0,27.
Aunque de momento, S&P Global, Moody’s y Fitch, las tres agencias clave de calificación crediticia a nivel global, mantuvieron el alto nivel de Israel, cientos de economistas, así como el banco de inversión estadounidense JPMorgan Chase alertaron de que la revisión del papel del Supremo podría dañar la economía, reseña The Wall Street Journal.
Este miércoles, Fitch reafirmó el ‘ranking’ del país hebreo en el nivel de A+, pero indicó en su informe que la reforma judicial podría «debilitar el perfil crediticio». En particular, el impacto negativo se manifestaría en el empeoramiento de la calidad de gestión o en «un sentimiento negativo sostenido de los inversores».
Mientras, en un reporte anterior de Moody’s se expresaron preocupaciones similares. La agencia señaló que la ratificación de los cambios «sería claramente negativa» para su «evaluación de la solidez de las instituciones y la gobernanza», que hasta ahora han considerado «una característica positiva del perfil de crédito soberano de Israel», detalla CNBC.
Un eventual descenso en el nivel crediticio incrementaría el coste de los préstamos y complicaría la atracción de nuevas inversiones por parte de entidades basadas en EE.UU. y Europa que tienen un papel importante para la economía israelí.
Según datos de la ONU, Israel, a menudo bautizado como el país de las ‘start-ups’, recibió una suma récord de 30.000 millones de dólares en forma de inversiones extranjeras directas (FDI, por sus siglas en inglés) en 2021 y se ubicó en el séptimo lugar a nivel mundial en este indicador.
«Amenaza existencial» para el sector tecnológico
El sector tecnológico de Israel, donde se logró crear 90 de los llamados ‘unicornios’ (empresas privadas con capitalización de más de 1.000 millones de dólares como la compañía de juegos Moon Active o de servicios financieros eToro) tiene una vital importancia para la nación, lo que se demuestra en datos concretos:
- Un 15 % del PIB proviene de la alta tecnología.
- Los productos y servicios de la tecnología punta aseguran un 54 % de todas las exportaciones israelíes.
- Un 11 % de la mano de obra trabaja en el sector de investigación y desarrollo para la alta tecnología.
- El llamado ‘high-tech’ proporciona un 25 % de los ingresos tributarios internos de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, las empresas emergentes en Israel se financian vía capital de riesgo con un 90 % de los fondos que proceden de fuentes extranjeras, lo que pone al descubierto la vulnerabilidad de este sector ante la confianza y los sentimientos de los inversores.
Por su parte, Adam Fisher, un socio en la empresa Bessemer Venture Partners, que apoyó más de 30 ‘start-ups’ en Israel, cree que de prosperar la reforma judicial, aumentará la salida de los gigantes tecnológicos israelíes. «Cuando invierto en Israel, realmente no estoy invirtiendo en la economía israelí; no me fijo en el séquel, ni en la infraestructura ferroviaria o el crecimiento del PIB. Yo invierto en emprendedores, y si esos emprendedores quieren establecerse en otro sitio, no pasa nada», declaró a The New York Times.
Mientras, Shlomo Dovrat, reconocido empresario israelí que cofundó la empresa de capital de riesgo Viola Ventures, es uno de los que alerta de los peligros que se ciernen sobre el sector de la tecnología de punta. «Este maravilloso milagro está bajo una amenaza existencial», afirmó el 2 de marzo en una conferencia sobre las consecuencias de la reforma, citado por The Jerusalem Post.
Estas advertencias ya se traducen en hechos reales, dado que algunas de las compañías tecnológicas que sacan sus fondos desde Israel, establecen negocios en otros países como medidas de prevención en caso de que la reforma judicial provoque una crisis económica en la nación.
Así, el proveedor de servicios de ciberdefensa Wiz, valorado en unos 6.000 millones de dólares, ya tiene su sede en EE.UU. y solo una subsidiaria en el Estado hebreo, dada la incertidumbre actual por la posible enmienda. De esta forma, Wiz se unió a otro ‘unicornio’, Papaya Global, prestador de servicios para el manejo de pagos a nivel mundial, que también anunció que traslada sus fondos fuera de territorio israelí.
