FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, subrayó que, los estados de excepción no deben convertirse en la norma para la gestión de la seguridad en el país.
Asimismo, reprochó la prolongación del estado de excepción, que ha sido renovado 19 veces en los últimos dos años, no se puede seguir postergando, lo que se necesita es una estrategia real de seguridad.
“Llevamos la tercera parte de este gobierno bajo estado de excepción, ¿vamos a gobernar siempre de esta manera?”, cuestionó.
Señaló que, “la violencia y la criminalidad han crecido significativamente desde 2011, permitiendo la operación de grupos criminales organizados tanto nacionales como internacionales en Honduras. Esto ha generado un problema de seguridad que debe abordarse con estrategias integrales, más allá de la simple extensión del estado de excepción”.
Puntualizó que, la presencia de carteles internacionales en el país es un problema que también ha sido identificado en Estados Unidos, donde estas organizaciones han sido catalogadas como terroristas.
A la vez, recalcó la necesidad de que los gobiernos implementen estrategias coordinadas en materia de seguridad y justicia para frenar el avance de estos grupos y la delincuencia común y organizada.
Igualmente, enfatizó que, la tasa de homicidios en el país ha mostrado una reducción significativa, pasando de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011 a una cifra preliminar de 27 por cada 100,000 habitantes en 2024.
No obstante, indicó que, esta disminución no es suficiente si no se atacan los problemas fundamentales en los municipios más afectados por la criminalidad.
Especificó que, “el Observatorio de la Violencia de la UNAH actúa como veedor y analiza los datos en coordinación con instituciones del Estado como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Pero más allá de la recolección de datos, lo que Honduras necesita es una política integral de seguridad pública y ciudadana, que incluya estrategias de control territorial, regulación en zonas productoras de droga y medidas contra el lavado de activos”.
Exhortó a que las alcaldías municipales sean incluidas en el diseño de políticas de seguridad para abordar los problemas desde una perspectiva local y con un enfoque sostenible, en lugar de recurrir continuamente a medidas extraordinarias como el estado de excepción.
“Se necesita una política criminal efectiva que respete la legalidad, la dignidad y la seguridad de la sociedad”, concluyó.
