- La Fiscalía aseguró que la mujer continúa bajo investigación, afirmó que las menores están bajo protección del SENAF y confirmó que el principal acusado ya enfrenta un proceso judicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP) emitió este viernes un comunicado oficial para aclarar varios aspectos relacionados con el caso que ha conmocionado al departamento de Olancho, en el que dos niñas habrían sido víctimas de presunta explotación sexual, luego de que trascendieran versiones sobre la supuesta liberación de la madre y que las menores permanecían bajo su custodia.
La institución explicó que la investigación ha sido dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la oficina local del Ministerio Público en Catacamas y que todas las diligencias se han desarrollado en estricto apego a los principios de objetividad y legalidad.
Como resultado de las investigaciones preliminares, el MP informó que presentó requerimiento fiscal contra Miguel Ángel Hernández Mejía, a quien acusa del delito de violación calificada agravada en perjuicio de una niña de 11 años.
El imputado fue presentado ante los tribunales competentes, donde un juez le dictó detención judicial y programó la audiencia inicial para el próximo 13 de julio de 2026.
En cuanto a la madre de las menores, la Fiscalía aclaró que no ha sido exonerada y que continúa bajo investigación.
Precisó que hasta el momento no se ha presentado un requerimiento fiscal en su contra porque las diligencias para determinar su posible participación en los hechos aún están en curso.
No obstante, aseguró que, si se obtienen elementos suficientes, se procederá conforme a la ley.
Asimismo, el Ministerio Público desmintió las versiones que indicaban que las niñas permanecían bajo el cuidado de su madre.
Según el comunicado, la víctima y sus dos hermanas se encuentran bajo la protección y custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), institución responsable de garantizar su seguridad, atención integral y bienestar.
La Fiscalía también hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad al informar sobre casos que involucran a menores de edad, recordando que las decisiones fiscales se sustentan en pruebas técnicas, científicas y testimoniales obtenidas durante las investigaciones, y que la difusión de información inexacta puede entorpecer el proceso y afectar los derechos de las víctimas.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar con la investigación hasta esclarecer completamente los hechos y advirtió que, de encontrarse indicios de participación de otras personas, se presentarán los requerimientos fiscales correspondientes para deducir las responsabilidades penales que establece la ley.
