- Fallo judicial declara “Con Lugar” la privación de dominio sobre 25 activos, tras evidenciar origen ilícito de fondos y operaciones sin respaldo legal
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público de Honduras logró un fallo de comiso definitivo sobre un conjunto de bienes millonarios vinculados al extinto Magdaleno Meza Fúnez y su esposa, Erika Julissa Bandy García, al declararse “Con Lugar” la solicitud de privación definitiva del dominio.
La resolución judicial abarca un total de 25 activos, entre ellos tres bienes inmuebles, tres vehículos, ocho sociedades mercantiles y 11 productos financieros, como resultado de las acciones impulsadas por la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio de la FESCCO.
Patrimonio sin justificación legal
De acuerdo con las investigaciones, los titulares de derecho —entre ellos también José Santos Mejía Laínez y Maximiliano Echeverría— no lograron acreditar actividades económicas lícitas, profesión u oficio que justificaran el origen de los fondos manejados.
Las autoridades determinaron que los implicados administraban grandes cantidades de dinero y realizaron inversiones significativas en bienes, empresas y negocios, construyendo un perfil económico elevado sin respaldo legal.
El valor de los activos, incluyendo inmuebles, joyas y otros bienes, supera los nueve millones de lempiras.
Evidencia clave en la investigación
La información recopilada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico fue determinante para sustentar el caso. Según los hallazgos, al momento de su detención, los implicados poseían dinero en efectivo, armas, oro, joyas y documentación detallada de sus operaciones financieras.
Entre las evidencias destacan libretas con registros de movimientos económicos, pagos de impuestos, planillas de empleados y adquisición de bienes, lo que permitió a los investigadores reconstruir la estructura financiera utilizada.
Golpe a las finanzas ilícitas
Con esta sentencia, el Ministerio Público refuerza su estrategia de privación de dominio como herramienta para debilitar estructuras vinculadas al crimen organizado, atacando directamente sus recursos económicos.
El fallo representa un avance significativo en la lucha contra el lavado de activos en Honduras, al evidenciar cómo redes sin sustento legal lograron acumular patrimonio, ahora recuperado por el Estado.
