- Los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez son señalados de actuar al margen de la ley al ordenar la inscripción de candidatos sin la participación del tercer miembro del Tribunal Electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.
De acuerdo con el comunicado oficial del MP, ambos funcionarios habrían emitido resoluciones contrarias a la ley, ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) inscribir a dos ciudadanos como candidatos a diputados sin la participación del tercer magistrado que integra el Pleno del TJE, lo que constituye una violación directa al procedimiento establecido en la Ley Electoral y en la Constitución de la República.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2025, cuando los magistrados Flores y Barahona resolvieron de forma irregular una recusación presentada por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de los miembros del Tribunal.
Según el Ministerio Público, ambos rechazaron el incidente sin seguir el procedimiento legal, el cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente principal y la convocatoria de un magistrado suplente para integrar el Pleno.
Pese a estas disposiciones, los dos magistrados resolvieron la recusación por su cuenta, sin conformar el quórum requerido ni integrar válidamente el Tribunal. “Ese mismo día admitieron y resolvieron las recusaciones, actuando al margen de la ley, sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente”, detalla el comunicado del MP.
El 28 de octubre, los magistrados dictaron una sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos presentados y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos a diputados.
El Ministerio Público subraya que esta decisión fue tomada pese a que el TJE no estaba debidamente integrado, lo que convierte las resoluciones en ilegales y carentes de validez jurídica.
Ante estos hechos, la UECDE considera que los magistrados Flores Urrutia y Barahona Rodríguez incurrieron en el delito de prevaricato judicial, al haber dictado resoluciones sabiendo que contravenían las leyes que regulan el funcionamiento del Tribunal.
Por ello, solicita a la Corte Suprema de Justicia declarar “ha lugar” el antejuicio, de modo que se proceda conforme a derecho ante el juez natural competente.
El caso genera un nuevo foco de tensión dentro del proceso electoral hondureño, que ya se encuentra bajo la mirada crítica de diversos sectores políticos y sociales debido a los cuestionamientos sobre la independencia y el funcionamiento de las instituciones electorales.
