• Luz Angélica Smith asegura que acudirá a la Corte Suprema si considera vulnerado su derecho a la defensa y afirma que no teme un requerimiento fiscal.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público declaró inadmisible un recurso presentado por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luz Angélica Smith, quien figura en un proceso de investigación administrativa relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional que fue presidida por el entonces titular del Legislativo, Luis Redondo.
La propia congresista confirmó la resolución y sostuvo que continuará ejerciendo las acciones legales que le permite la legislación hondureña.
Smith explicó que el procedimiento forma parte de una investigación administrativa que ha sido de conocimiento público y reiteró que, en su condición de investigada, ha solicitado que se le garantice el derecho a la defensa y al debido proceso.
Según manifestó, tanto la Constitución de la República como los convenios internacionales respaldan el derecho de cualquier ciudadano a presentar recursos y peticiones durante una investigación.
La legisladora por el departamento de Santa Bárbara indicó que, tras la inadmisibilidad del recurso, sus representantes legales analizan la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que podrían haberse vulnerado garantías fundamentales.
“Cuando se vulnera el derecho a la defensa, se puede acudir ante la Corte Suprema para solicitar tutela. Nuestros abogados evaluarán las acciones correspondientes”, expresó.
Asimismo, aseguró que está dispuesta a comparecer ante las instancias que sean necesarias, siempre que se respete el debido proceso tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional.
En ese sentido, enfatizó que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para defender su posición dentro del proceso.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal en su contra, Smith afirmó que no siente preocupación, ya que sostiene que sus actuaciones se realizaron conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
No obstante, reconoció que el caso se desarrolla en medio de un escenario de diferencias políticas y expresó su confianza en que las decisiones de las autoridades se adopten con independencia, objetividad y alejadas de cualquier motivación de persecución política.
