TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio del escándalo que sacude a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el ministro José Carlos Cardona arremetió este martes contra la candidata a alcaldesa de Nueva Arcadia, Copán, Lilian Montúfar, a quien acusó de haber solicitado fondos públicos para mejoras personales.
“Quiero desmentir a la candidata de Nueva Arcadia, que ayer en declaraciones dijo que ni siquiera se daba cuenta de cheques a su nombre. Aquí tengo la solicitud que ella misma presentó para la mejora de su vivienda, por un valor de 100 mil lempiras”, dijo Cardona ante medios de comunicación.
El funcionario presentó el documento como prueba y señaló que la solicitud fue aprobada por el gobierno.
Sin embargo, el monto nunca fue reclamado por la candidata, supuestamente debido a diferencias internas con la diputada Isis Cuéllar, también involucrada en el escándalo.
Una confesión con doble filo
Las declaraciones del ministro, lejos de aclarar la situación, agregan un nuevo ingrediente al fuego cruzado que involucra a funcionarios y militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El reconocimiento público de que una candidata solicitó fondos estatales para uso personal —aunque no los haya recibido— deja al descubierto la laxitud y discrecionalidad con la que SEDESOL ha manejado los recursos.
En un video difundido en redes sociales, ya se había mencionado a Montúfar de forma despectiva.
El propio Cardona se refiere a ella como “una candidata estúpida”, lo que fue interpretado por diversos sectores como un signo del nivel de descomposición interna y falta de ética en la gestión de fondos públicos.
Recursos públicos en la mira
El caso de Montúfar se suma a una serie de revelaciones que apuntan a un uso electoral y clientelar de los recursos estatales por parte de actores políticos ligados al oficialismo.
En el centro de la polémica están los cheques distribuidos por SEDESOL para supuestos emprendimientos, que, según conversaciones filtradas entre Cuéllar y Cardona, terminaron siendo usados para comprar kits de campaña.
Mientras la presidenta Xiomara Castro ha exigido investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Secretaría de Transparencia, la presión social y política crece para que se determinen responsabilidades, caiga quien caiga.
