- Longino Becerra respalda la medida impulsada por Xiomara Castro, que ya acumula 18 prórrogas, 13 de ellas sin cumplir la ley, en medio de críticas por abusos policiales y cuestionamientos a su eficacia real.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, salió en defensa de la continuidad del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada de manera ininterrumpida desde diciembre de 2022 y que, según el funcionario, muestra mejores resultados que la política de seguridad implementada por la vecina República de El Salvador.
“El avance que nosotros hemos tenido es superior al que actualmente tiene El Salvador”, afirmó Becerra, sin presentar datos que respalden su comparación.
La declaración ha generado polémica, ya que el estado de excepción hondureño ha sido ratificado en 18 ocasiones, pero solo cinco de ellas siguiendo los procedimientos legales establecidos, lo que cuestiona la legitimidad de la medida.
El ministro también intentó restar peso a las denuncias de violaciones a derechos humanos registradas durante operativos policiales en barrios y colonias, al sostener que corresponde al Ministerio Público o a los tribunales investigar cualquier acusación.
Además, sugirió que se realicen encuestas en las comunidades intervenidas para validar la percepción ciudadana sobre la estrategia: “Debemos levantar una encuesta en estos barrios y colonias o municipios donde ya no muere ninguna persona, para verificar si efectivamente están o no de acuerdo”, señaló.
No obstante, sectores críticos insisten en que la medida no solo se ha aplicado de manera ilegal y discrecional, sino que tampoco ha logrado frenar los niveles de extorsión y violencia que golpean a la población.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la militarización de barrios y comunidades aumenta los abusos y la persecución selectiva, mientras el gobierno se escuda en comparaciones con El Salvador para justificar un modelo que erosiona garantías constitucionales.
La paradoja es que sea precisamente el ministro de Derechos Humanos quien se convierta en el principal defensor de una política que restringe libertades, viola el debido proceso y expone a la población a nuevos abusos, evidenciando la contradicción entre el discurso oficial de respeto a los derechos y la práctica autoritaria que se profundiza con cada prórroga del estado de excepción.
