Christian Duarte aseguró que Finanzas ha cumplido con los pagos según la ley y dejó entrever que las demoras en obras viales, como el tramo Danlí-Trojes, recaen en la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de crecientes críticas al Gobierno por los atrasos en la ejecución de proyectos de infraestructura, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, se desmarcó este jueves de las responsabilidades, apuntando directamente al ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda.
“La SIT solo ha cargado L221 millones; por lo demás, el ministro Octavio debe dar cuentas”, expresó con contundencia durante una conferencia de prensa.
Las declaraciones de Duarte se dan pocos días después de que la presidenta Xiomara Castro diera un ultimátum al titular de SIT para entregar el 1 de julio el tramo carretero entre Danlí y Trojes.
En tono firme, la mandataria advirtió que, de no cumplir con el plazo, Pineda deberá presentar su renuncia.
Duarte intentó aclarar el panorama sobre los pagos al sector construcción, desmintiendo señalamientos de Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), que había denunciado atrasos. Según el funcionario, desde 2022 se han desembolsado más de L24,600 millones para el rubro, incluyendo obras viales, hospitales y escuelas.
Sin embargo, puntualizó que los pagos solo se realizan conforme a la ley y bajo estrictos requisitos de avance físico y respaldo presupuestario.
“Solo podemos pagar aquello que está en una estructura presupuestaria y que tiene una contrapartida de factura o de avance de obra. No podemos pagar por fuera del sistema”, sentenció Duarte.
De acuerdo con cifras de la Tesorería General de la República, extraídas del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), actualmente hay cargados L403.5 millones para pago a constructoras.
De este total, L221.8 millones corresponden a proyectos gestionados por la SIT, y el pago más antiguo fue ingresado hace exactamente un mes, el 27 de mayo.
Duarte insistió en que la Secretaría de Finanzas mantiene comunicación fluida con SIT, pero reiteró que no puede haber pagos sin cumplimiento técnico y legal.
“Nuestra obligación es garantizar la transparencia y legalidad en el uso de los fondos públicos”, recalcó.
Mientras tanto, el silencio del ministro Octavio Pineda ante estas declaraciones y el ultimátum presidencial incrementa la presión sobre la SIT, señalada ya por retrasos en varios proyectos estratégicos para el país.
El enfrentamiento entre dos de las carteras más importantes del Ejecutivo refleja una creciente tensión interna, justo cuando el Gobierno busca mostrar resultados concretos en materia de infraestructura, desarrollo y empleo.
La cuenta regresiva hacia el 1 de julio continúa.
