TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, confirmó este jueves que la institución a su cargo canalizó recursos del Fondo Social del Congreso Nacional para ejecutar obras en distintos municipios del país, pero defendió que el proceso se realizó con documentación técnica y sin sesgos partidarios.
“Se operó para realizar obras en algunos municipios, pero en esta Secretaría no distinguimos entre colores políticos”, afirmó Vaquero, en respuesta a los recientes cuestionamientos por el manejo del controvertido fondo que ha estado en el centro del debate público.
El ministro explicó que las solicitudes llegaban a Gobernación desde el Congreso Nacional, donde los diputados gestionaban proyectos dirigidos a comunidades con necesidades específicas.
“Lo que hacemos fundamentalmente es canalizar los recursos, para que Finanzas haga los depósitos correspondientes, después de verificar que la documentación esté en orden”, detalló.
Vaquero también subrayó que los proyectos debían estar debidamente certificados por un profesional colegiado: “Se habla del monto total de la obra, pero va certificado por un ingeniero civil colegiado y estas obras se terminan. Obviamente, esto viene autorizado por el presidente del Congreso Nacional”, precisó.
“No manejamos efectivo”
El funcionario fue enfático al asegurar que la Secretaría de Gobernación no administra dinero en efectivo ni otorga subsidios directamente.
“Nosotros no teníamos subsidios, no teníamos dinero en efectivo, absolutamente nada de eso. Lo único que hacemos es subir un formulario F01 que corresponde a la obra gestionada por los diputados”, declaró.
Según Vaquero, el papel de Gobernación se limita a servir como puente institucional para proyectos que buscan favorecer a comunidades con necesidades reales, aunque no detalló cuáles fueron las obras ejecutadas ni los montos exactos canalizados.
Contexto
Las declaraciones del ministro se producen en medio de una fuerte controversia por el uso del Fondo Social del Congreso Nacional, señalado por distintos sectores como un mecanismo de clientelismo político y presunto desvío de fondos. Organismos como el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han exigido mayor transparencia y la eliminación de este tipo de recursos de asignación discrecional.
