- Gustavo Sánchez tilda de “irresponsables” a quienes cuestionan las estadísticas, mientras sociedad civil advierte retrocesos en derechos ciudadanos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió este martes los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno y aseguró que el estado de excepción ha sido determinante para reducir los delitos en el país.
Enfatizó además que habrá elecciones generales el próximo 30 de noviembre y garantizó una transición en el poder el 27 de enero de 2025.
Ante los cuestionamientos de organizaciones de sociedad civil, que denuncian la prolongación del estado de excepción como un retroceso en materia de derechos ciudadanos, Sánchez respondió que “estos organismos cumplen su rol, pero nosotros hacemos el nuestro”.
El funcionario fue más allá al calificar de “irresponsables” a quienes afirman que las cifras de homicidios están maquilladas, sosteniendo que los datos provienen de una mesa técnica integrada por el Observatorio de la Violencia de la UNAH, el Ministerio Público, la Policía Nacional, Medicina Forense, alcaldías y el Registro Nacional de las Personas.
“La estrategia es verificar los informes de Medicina Forense y de la Policía Nacional, y luego se hace un barrido de lo publicado en medios de comunicación”, explicó.
Críticas y contradicciones
Mientras Sánchez sostiene que el estado de excepción es “una herramienta espectacular” para reducir la comisión de delitos, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil cuestionan la falta de transparencia en los datos y alertan sobre el impacto de la medida en la libertad de circulación y la protesta social.
El ministro, en cambio, se jactó de que la Policía Nacional garantiza la “libre locomoción, la libertad de expresión y la seguridad en las manifestaciones”.
Sin embargo, distintos informes de organismos internacionales han señalado abusos y detenciones arbitrarias durante la vigencia de la medida.
Sánchez también presumió de avances en la captura de personas con órdenes de extradición, aunque no abordó la preocupación sobre la sostenibilidad de la estrategia y sus efectos a largo plazo en la seguridad ciudadana.
En un país con históricas deficiencias en acceso a justicia y altos niveles de impunidad, las declaraciones del ministro contrastan con la percepción ciudadana que aún enfrenta la violencia en sus comunidades y con las alertas de quienes temen que la seguridad se use como pretexto para concentrar poder.
