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viernes, agosto 8, 2025
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Misión internacional alerta sobre cinco desafíos clave para unas elecciones íntegras en 2025 en Honduras

  • La delegación del Instituto Nacional Demócrata (NDI) pide fortalecer autonomía de los entes electorales, combatir la polarización y garantizar un ambiente libre de violencia e intimidación.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral del Instituto Nacional Demócrata (NDI) identificó cinco desafíos prioritarios que deben ser atendidos con urgencia para garantizar elecciones creíbles, transparentes y pacíficas en Honduras en 2025.

La delegación internacional, encabezada por Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional del Estado Civil de Colombia, sostuvo reuniones con diversos actores políticos, sociales y electorales durante su reciente visita al país, y emitió un llamado urgente a fortalecer la integridad y credibilidad del proceso electoral.

La Misión consideró como un avance positivo el reciente acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), respaldado por varias fuerzas políticas.

Sin embargo, advirtió que la polarización, la judicialización del proceso y la violencia política son amenazas latentes que pueden empañar la voluntad popular expresada en las urnas.

Cinco desafíos que ponen en riesgo la integridad electoral

            1.         Autonomía efectiva de los organismos electorales:

La Misión resaltó que el CNE, el TJE y la Unidad de Política Limpia deben estar libres de injerencias de otros poderes del Estado, contar con protección frente a amenazas y recibir un financiamiento oportuno y suficiente. La autonomía institucional es vital para superar parálisis internas, como la que recientemente enfrentó el CNE.

            2.         Evitar intervenciones indebidas y uso político de la justicia:

Preocupa el uso de acciones penales contra miembros del CNE, lo que podría debilitar su funcionamiento. Si bien la judicialización es un derecho, se alertó que puede ser mal utilizada para entorpecer decisiones técnicas y manipular el proceso electoral.

            3.         Reducir la polarización y discursos anticipados de fraude:

La desconfianza heredada desde 2009, sumada a los errores en las internas de marzo y la reciente crisis en el CNE, ha agravado la polarización política. A esto se suman discursos de fraude antes de celebrarse las elecciones, lo cual, según el NDI, socava la legitimidad del proceso.

            4.         Prevenir la violencia electoral y discursos de odio:

El informe advierte sobre un ambiente de intimidación, violencia y criminalidad, que podría afectar la participación ciudadana. Se hizo especial énfasis en la violencia contra mujeres políticas y las consejeras del CNE, así como en ataques verbales a periodistas y actores sociales.

            5.         Proteger el espacio cívico y democrático:

La Misión expresó su preocupación por restricciones a la libertad de expresión, descalificaciones contra medios, líderes eclesiales y sociales, y un clima de “amigo-enemigo” entre partidos. Además, señaló que el estado de excepción podría usarse para limitar el ejercicio ciudadano.

Recomendaciones para recuperar la confianza electoral

La Misión del NDI instó a todos los sectores a generar condiciones para que las elecciones se desarrollen en un ambiente de certidumbre y respeto. Entre sus recomendaciones clave figuran:

  • Fortalecer la gobernanza electoral y la cooperación entre instituciones.
  • Garantizar condiciones legales y políticas que respalden la participación de la sociedad civil.
  • Promover espacios seguros de diálogo entre partidos y autoridades electorales.
  • Erradicar cualquier clima de intimidación que limite la participación.
  • Fomentar un entorno plural, democrático y tolerante que aliente el voto informado.

Importancia de la observación electoral y el diálogo nacional

La Misión subrayó la relevancia de la observación nacional e internacional imparcial, como herramienta para fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso. Aplaudió el interés de múltiples sectores en contar con acompañamiento internacional y respaldó el rol de la sociedad civil como observadora no partidaria.

“El pueblo hondureño merece elecciones creíbles y participativas que respeten su voluntad en las urnas”, concluyó la Misión. “Honduras ha demostrado en el pasado que puede superar crisis mediante el diálogo; ese mismo espíritu debe prevalecer ahora”.

Respaldo internacional al proceso electoral hondureño

La delegación incluyó a representantes del NDI, la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI), y otros expertos electorales regionales. Sus actividades se desarrollaron conforme a la legislación hondureña y a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones.

Con este despliegue, el NDI reafirma el compromiso de la comunidad internacional de apoyar el desarrollo democrático en Honduras, en un momento clave para la consolidación de sus instituciones y su sistema electoral.

Aquí el comunicado de prensa integro:

Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral del NDI Identifica Cinco Desafíos y Hace un Llamado para Fortalecer la Integridad de las Elecciones 2025 en Honduras

La Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), liderada por Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y Juan Carlos Galindo, ex Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia, desplegada en Honduras en el marco del proceso electoral 2025, identificó cinco desafíos que requieren atención prioritaria para propiciar la integridad de las elecciones e hizo un llamado a que los próximos comicios se lleven a cabo en un marco de certeza, credibilidad y transparencia.

La Misión ve como un avance significativo el reciente acuerdo en el seno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como el respaldo que recibió de las distintas fuerzas políticas. La Misión celebra este entendimiento, y hace votos para que este mismo espíritu de diálogo y conciliación prevalezca en la resolución de potenciales diferencias sobre la conducción del proceso electoral.

Durante su estancia en Honduras, la Misión sostuvo encuentros con autoridades electorales, la candidata y los candidatos presidenciales, líderes de partidos y espacios multipartidarios, sector privado, iglesias, periodistas, organizaciones y coaliciones de la sociedad civil, y representantes de la comunidad internacional. Estos intercambios permitieron escuchar y recoger las diferentes valoraciones y perspectivas, así como identificar cinco desafíos que la Misión considera requieren atención prioritaria para fomentar un clima de confianza en las próximas elecciones.

  1. Autonomía efectiva de los organismos electorales. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (también conocida como Unidad de Política Limpia) urgen independencia de otros poderes públicos, protección ante amenazas, y financiamiento suficiente y oportuno. 
    Esta autonomía será factor clave para que se recupere la gobernanza del CNE, mitigando los efectos de la parálisis enfrentada hasta inicios de esta semana, con sus consecuentes efectos en materia de organización electoral.
  2. Elecciones libres de intervenciones indebidas. La Misión escuchó reiteradas preocupaciones sobre la intervención de distintas instituciones del Estado y el uso de acciones penales en contra miembros del CNE, así como sus efectos sobre las condiciones de operación y, por extensión, sobre el régimen electoral en su conjunto. La judicialización del proceso electoral fue una inquietud transmitida a la Misión por parte de muchos actores involucrados e interesados en el proceso electoral. Si bien la presentación de recursos judiciales es un derecho y una forma de resolver conflictos por medios institucionales, es importante evitar que éstos se utilicen para entorpecer las funciones y la toma de decisiones por parte de los organismos electorales.
  3. Reducción de la polarización política y discursos anticipados de fraude. La desconfianza y polarización acumuladas desde 2009, los problemas administrativos presentados durante las elecciones internas del pasado 9 de marzo, y la reciente crisis de gobernanza que enfrentó el Consejo Nacional Electoral (CNE) erosionan las condiciones de diálogo y entendimiento. De la misma manera, discursos de fraude emitidos antes de las elecciones, lesionan la confianza y legitimidad de las elecciones.
  4. Prevención y reducción de riesgos de violencia electoral. La combinación de factores como las manifestaciones de violencia y acción de grupos criminales en el país, así como la escalada de discursos de odio contra periodistas, actores sociales y económicos, y contra los mismos dirigentes políticos y candidaturas, generan un clima de amenaza y miedo que puede afectar el papel clave de estos actores en actividades fundamentales para la transparencia y el ejercicio del voto. 
    La Misión remarca su preocupación por la violencia en contra de mujeres políticamente activas y discursos de odio, en particular, aquellos dirigidos a las consejeras del CNE y candidatas a todos los niveles de elección.
  5. Mitigación de tensiones y limitaciones en el espacio cívico. La Misión pudo constatar la existencia de múltiples esfuerzos e iniciativas de articulación entre actores de la sociedad hondureña. No obstante, la polarización es un fenómeno que ha alcanzado a buena parte de la sociedad. 
    La Misión destaca que la descalificación de medios de comunicación y periodistas, actores eclesiales, sociales y económicos, el establecimiento de una cultura de amigo-enemigo entre los partidos en contienda, y las posibles distorsiones derivadas del estado de excepción, generan amenazas no deseadas al espacio cívico y democrático en el país. No es restringiendo la participación social, sino generando condiciones para que esta sea robusta y significativa, que se fortalece la integridad de las elecciones.

Del diálogo sostenido, la Misión identificó notables coincidencias en cuanto a los desafíos del proceso electoral y posibles vías para atenderlos. En este sentido, hace un llamado a todos los actores e instituciones a tomar medidas para generar confianza en el proceso electoral, y en particular:

  • Fortalecer la gobernanza y la cooperación interinstitucional, de manera que el CNE y otras autoridades electorales cuenten con el apoyo efectivo de todas las instituciones competentes y puedan acordar e implementar procedimientos electorales oportunos, eficaces y transparentes.
  • Garantizar condiciones legales y políticas que ofrezcan certeza y ausencia de amenazas para que las organizaciones de la sociedad hondureña puedan contribuir de forma independiente a la integridad de las elecciones.
  • Avanzar en la creación de espacios seguros y sinceros de diálogo y entendimiento entre partidos políticos y autoridades electorales, y a nivel de la sociedad hondureña en su conjunto, que permitan acuerdos para la gobernanza del proceso electoral y compromisos activos de erradicar discursos de fraude que puedan afectar la legitimidad de las elecciones.
  • Erradicar la posibilidad de que se establezca en el país un clima de intimidación y miedo que inhiba a los y las hondureñas de participar en el proceso electoral, y evitar la emisión de discursos que puedan incentivar la violencia en todas sus manifestaciones.
  • Propiciar espacios plurales, seguros y equilibrados de articulación social con diferentes expresiones y pensamientos que permitan la participación activa del pueblo hondureño en el proceso electoral, mediante acciones como la educación y motivación al votante, y la observación independiente y sistemática de las elecciones.

El pueblo hondureño merece elecciones creíbles y participativas que garanticen el respeto a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. Esto implica generar condiciones políticas, institucionales y técnicas para que los comicios se desarrollen de manera pacífica y en un clima de confianza. La sociedad hondureña está ávida de espacios sinceros y respetuosos de diálogo, donde diferentes voces sean escuchadas y puedan aportar de manera activa.

En ese sentido, la Misión subraya la importancia de la observación nacional e internacional como herramientas para fortalecer la confianza y la transparencia. Diversos actores han solicitado la presencia y el acompañamiento de la comunidad internacional, así como el respaldo a las iniciativas de observación nacional no partidaria, para que ambas se complementen y contribuyan a unas elecciones íntegras y creíbles.

Honduras tiene una larga tradición de diálogo político que en el pasado le ha permitido alcanzar acuerdos, superar crisis y avanzar en momentos decisivos. La Misión aspira a que prevalezca un ánimo de conciliación que permita celebrar un proceso electoral a la altura del compromiso democrático que ha demostrado el pueblo hondureño.

La Misión expresa su agradecimiento a todos los actores con quienes se reunió por su disposición y generosidad de compartir sus visiones sobre estas elecciones y el contexto en el cual se desarrollan. Asimismo, agradece el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) que hizo posible este despliegue. 

La delegación reunió a un grupo plural de expertos e incluyó a representantes y acompañantes de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y especialistas regionales y electorales del NDI. La composición interinstitucional de la Misión refleja el amplio respaldo de la comunidad internacional al desarrollo democrático de Honduras y su compromiso de acompañar este proceso electoral.

Las actividades de la delegación se llevaron a cabo de conformidad con la legislación hondureña y la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, documento que establece los estándares para una observación electoral imparcial y profesional. 

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