- Fiscalía activa diligencias prejudiciales para rastrear fondos, documentos y posibles responsabilidades antes de presentar requerimientos formales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP) puso en marcha una fase de diligencias prejudiciales en torno al programa Becas 20/20, una de las iniciativas emblemáticas impulsadas durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la administración y uso de los fondos públicos destinados a la educación de jóvenes hondureños.
De acuerdo con información oficial, esta etapa inicial busca recopilar, asegurar y analizar información clave antes de que la Fiscalía decida si procede o no con la presentación de un requerimiento fiscal ante los tribunales.
Revisión de cuentas, documentos y entrevistas
Las diligencias incluyen entrevistas a personas vinculadas al programa, revisión de expedientes administrativos, análisis de movimientos financieros y verificación de la ruta del dinero que fue asignado a las Becas 20/20, un proyecto que manejó millones de lempiras durante su ejecución.
Las autoridades fiscales indicaron que esta fase es determinante para establecer si hubo malversación, abuso de autoridad, fraude u otros delitos, y para identificar a los posibles responsables, tanto funcionarios como terceros que pudieron haber participado en la gestión de los recursos.
“Se trata de una etapa clave para garantizar que cualquier acción penal futura esté sustentada en pruebas sólidas y verificables”, señalaron fuentes del MP, subrayando que no se trata aún de una acusación formal, sino de una investigación técnica y jurídica previa.
El futuro del caso está en esta fase
Por ahora, el caso no ha llegado a los tribunales, pero los resultados de estas diligencias prejudiciales marcarán el rumbo del proceso: ya sea el archivo del expediente o la presentación de un requerimiento fiscal contra quienes resulten responsables.
El programa Becas 20/20, promovido como una herramienta para ampliar el acceso a la educación superior y técnica, quedó bajo escrutinio público en medio de denuncias sobre falta de transparencia, posibles desvíos y uso político de los fondos durante la administración de Juan Orlando Hernández.
La apertura de esta investigación reaviva el debate sobre la rendición de cuentas de los programas sociales del pasado y la responsabilidad penal de quienes los administraron, en un contexto en el que la sociedad hondureña exige que los recursos destinados a la educación no vuelvan a convertirse en botín político.
