- La Fiscalía contra el Crimen Organizado detectó más de 13.9 millones de lempiras sin justificar en cuentas y bienes del exoficial Juan Manuel Ávila Meza.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra el ex policía Juan Manuel Ávila Meza, quien fue condenado por la justicia de Estados Unidos a 12 años de prisión por su participación en una conspiración para traficar drogas.
De acuerdo con la acusación del ente fiscal, las investigaciones revelaron la existencia de 13,943,602.35 lempiras que no han podido ser justificados por el exoficial, fondos que fueron manejados a través de cuentas bancarias a su nombre y detectados tras un análisis de su información financiera.
Según el análisis financiero patrimonial realizado por las autoridades, Ávila Meza adquirió diversas propiedades entre los años 2012 y 2016. Aunque en algunos testimonios se reportó que dichos bienes tenían un valor aproximado de 200 mil lempiras, los estados de cuenta y registros de inversión reflejan que el monto real supera los 9.6 millones de lempiras en terrenos y mejoras.
Asimismo, las investigaciones permitieron identificar un inmueble ubicado en un edificio de Tegucigalpa, el cual fue adquirido por el ex policía el 31 de marzo de 2012 mediante un crédito. La propiedad fue cancelada en su totalidad en 2015 por un valor de 43,862 dólares, equivalente en ese momento a 874,051.35 lempiras, recursos cuyo origen tampoco ha sido justificado ante las autoridades.
El Ministerio Público también detectó movimientos bancarios considerados atípicos, entre ellos dos depósitos que superaron los dos millones de lempiras, sin que se haya establecido la procedencia de dichos fondos.
A esto se suma que el exoficial declaró ser propietario de varios vehículos cuyo valor total supera los 1.3 millones de lempiras, bienes que también forman parte de las diligencias patrimoniales ejecutadas por la fiscalía.
El Ministerio Público señaló que estas irregularidades financieras sustentan el requerimiento fiscal presentado contra el expolicía, mientras las investigaciones continúan para determinar el origen de los fondos y establecer posibles responsabilidades adicionales en este caso.
