- La Fiscalía ejecuta la privación de dominio contra Juan Ramón Molina, exrepresentante del COHEP en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, acusado de desviar más de 18 millones de lempiras mediante contratos irregulares.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), ejecutó este lunes 20 de octubre de 2025 la privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito pertenecientes a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador de la Tasa de Seguridad Poblacional y exrepresentante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en dicho fideicomiso.
La acción judicial se enmarca dentro de la Mega Operación Contra la Corrupción, una estrategia que busca recuperar bienes y recursos públicos sustraídos por exfuncionarios y particulares vinculados a actos ilícitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Molina Rodríguez y Liana María Mayorga Castillo —ya con auto de formal procesamiento— son acusados de defraudar al Estado por más de 18 millones 547 mil lempiras, mediante un contrato fraudulento para el suministro de tarjetas PVC destinadas a la emisión de licencias de conducir.
Lujo con dinero público: los bienes asegurados
El expediente fiscal detalla un patrimonio de alto valor que, según las investigaciones, fue adquirido con recursos provenientes del desfalco a la Tasa de Seguridad. Entre los bienes asegurados destacan:
- Inmuebles: una lujosa residencia en la residencial Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, además de tres propiedades más ubicadas en el sector de Isla de Zacate Grande, municipio de Amapala, Valle, una zona reconocida por su alto valor turístico.
- Activos financieros: 19 cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, registradas a nombre de Molina Rodríguez o de la empresa Inversiones MyM, S. de R.L. de C.V., de la cual es socio mayoritario.
- Bienes muebles: varios vehículos acuáticos, entre ellos lanchas tipo mini yate, motocicletas y jetskis, pertenecientes a la misma sociedad mercantil.
Las autoridades confirmaron que todos estos activos serán administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que se encargará de su custodia y resguardo mientras avanza el proceso judicial.
Fraude disfrazado de seguridad
El caso de Juan Ramón Molina revela una nueva arista en el uso irregular de fondos del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, creado originalmente para financiar proyectos de seguridad y equipamiento policial. Sin embargo, las investigaciones del MP apuntan a que los recursos fueron desviados mediante contratos inflados y empresas fachada, con la complicidad de funcionarios y particulares vinculados al manejo de dichos fondos.
La Fiscalía sostiene que el excoordinador aprovechó su posición y su relación con el sector privado para dar apariencia de legalidad a operaciones fraudulentas, utilizando sociedades mercantiles para canalizar los recursos y adquirir bienes de lujo.
Golpe simbólico en la lucha anticorrupción
El Ministerio Público destacó que esta operación representa un avance significativo en la recuperación del patrimonio público, y envía un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada, especialmente en casos de corrupción vinculados a fondos destinados a la seguridad nacional.
“Cada lempira recuperado es un paso hacia la dignificación de las instituciones del Estado y hacia el fortalecimiento de la confianza ciudadana”, señalaron fuentes fiscales consultadas.
Mientras tanto, el proceso contra Molina Rodríguez continúa su curso judicial. De confirmarse su responsabilidad, el excoordinador podría enfrentar penas severas por fraude y lavado de activos, además de la pérdida definitiva de todos los bienes asegurados.
