• El ente acusador afirma que el requerimiento por prevaricato está “debidamente fundamentado con prueba documental y testifical”
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP) salió al paso este miércoles ante las críticas y señalamientos por el requerimiento fiscal presentado contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, asegurando que su actuación responde estrictamente a la comisión de delitos y no a intereses políticos.
En un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, el MP enfatizó que el requerimiento está fundamentado en el artículo 516 del Código Penal, que tipifica el delito de prevaricato judicial, y que la acusación cuenta con respaldo documental y testifical.
El ente acusador detalló que ambos magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley, específicamente al constituir un pleno con solo dos miembros, pese a que la normativa electoral exige la participación de tres magistrados propietarios o, en su defecto, dos propietarios y un suplente.
MP asegura haber agotado los mecanismos legales
El Ministerio Público recalcó que antes de presentar el requerimiento fiscal sometió una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, el Poder Judicial determinó que los magistrados del TJE no gozan de prerrogativas que permitan el uso de esa figura, lo que abrió paso a la judicialización del caso.
“Toda actuación se enmarca dentro de la Constitución de la República y las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostiene el comunicado, en el que el MP reafirma su independencia y rigor en cualquier investigación relacionada con el proceso electoral.
Audios bajo investigación y riesgo para el proceso electoral
El MP también informó sobre la existencia de una Noticia Criminis relacionada con audios que contienen información sensible sobre acciones que podrían poner en riesgo el desarrollo de las elecciones del 30 de noviembre.
Según la institución, la divulgación de este material fue realizada “para proteger uno de los bienes jurídicos más importantes del Estado: la democracia”.
La verificación del contenido confirmó su autenticidad, y el MP aseguró que los audios guardan relación directa con la causa penal que se sigue contra Flores Urrutia y Barahona, reforzando así la pertinencia del requerimiento fiscal.
Compromiso institucional en un proceso electoral tenso
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la Constitución, la legalidad y la defensa de los intereses de la sociedad hondureña:
“Continuaremos defendiendo la voluntad soberana del pueblo hondureño”, concluye el comunicado.
El pronunciamiento del MP se suma al creciente clima de tensión en torno al proceso electoral, en el que diversos sectores han llamado a reforzar las garantías de independencia e integridad institucional en un momento decisivo para el país.
