• Fiscalía considera inoportuna la comparecencia de los exdiputados; juez definirá el lunes qué pruebas serán admitidas en proceso por 67 delitos de fraude.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público rechazó este miércoles la solicitud de las defensas técnicas en el caso conocido como “Chequesol” para que comparezcan como testigos los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya, en relación con los fondos aprobados por el Congreso Nacional.
La decisión se produjo durante la continuación de la audiencia inicial, que se reanudará el lunes 2 de marzo a las 8:30 de la mañana, cuando el juez dará a conocer qué medios de prueba serán admitidos y cuáles quedarán excluidos.
El portavoz judicial, Carlos Silva, explicó que la pretensión de las defensas era que se admitiera como prueba testimonial la comparecencia del expresidente del Congreso Nacional y del exsecretario del Legislativo.
Sin embargo, la Fiscalía objetó los medios probatorios ofertados y desistió de dicha solicitud.
Argumentos de la Fiscalía
El ente acusador sostuvo que sería inoportuno convocar a ambos exdiputados porque sus declaraciones resultarían ineficaces para esclarecer el fondo del caso.
Según el Ministerio Público, la intención de la defensa era que los testigos se pronunciaran sobre la aprobación del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), un hecho que no está en controversia.
La controversia central, subrayó la Fiscalía, no gira en torno a la aprobación presupuestaria, sino al presunto uso indebido de más de seis millones de lempiras provenientes de programas de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.
El juez resolverá próximamente si procede o no la posición planteada por el Ministerio Público.
Los imputados y los cargos
En el proceso están imputadas 12 personas, entre ellas el exministro José Carlos Cardona, Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.
Todos son acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión de 67 delitos de fraude.
La investigación apunta a supuestas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no habrían llegado a sus beneficiarios finales y, en cambio, habrían sido desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.
El video que detonó el caso
El expediente judicial se sustenta, en parte, en la revelación de un video en el que Isis Cuéllar y el entonces ministro Cardona conversan sobre el uso de recursos públicos presuntamente destinados a actividades vinculadas a la campaña electoral del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán detalla la supuesta distribución de fondos para la compra de equipos de sonido, sillas, mesas, carpas y artículos promocionales para coordinaciones partidarias, con un valor aproximado de 125 mil lempiras por kit.
La audiencia continuará el lunes, en una etapa clave donde se definirá el rumbo probatorio del proceso y el alcance de las responsabilidades penales en uno de los casos de mayor impacto político en la actual coyuntura nacional.
