TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un juez de privación de dominio determinó en las últimas horas un fallo de extinción definitiva del dominio sobre 17 bienes al comisionado de la Policía Nacional, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, y su esposa María Castro.
Los bienes asegurados corresponden a dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias pertenecientes a Mejía Tinoco.
El comisionado policial es acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La acusación surgió en octubre de 2018, la acción fue promovida en febrero de 2020 para la declaratoria de comiso de sus bienes.
Según las investigaciones y los análisis del ente acusador, Mejía Tinoco no pudo justificar más de 17 millones de lempiras en su patrimonio como el de su núcleo familiar, en el periodo del 2012 al 2017.
Dentro del requerimiento fiscal interpuesto por la vía penal también figura su exesposa Denisse Yamileth Morales, quien fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y para quien se ordenó el comiso de siete cuentas bancarias a su nombre.
Asimismo, en las imputaciones se incluyeron seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
Según la investigación, se establece que entre 2012-2015, miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.
Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como Jefe Departamental de la Policía en Choluteca, y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado como jefe, se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).
