Liana María Mayorga, vinculada a Juan Ramón Molina, es acusada de defraudar al Estado hondureño por más de 18 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas para licencias de conducir.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), informó este domingo que se dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra la empresaria Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plasticards S. A., señalada por delitos de fraude y lavado de activos.
La acusada fue procesada junto al excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Ramón Molina Rodríguez, por defraudar al Estado hondureño en 18 millones 547 mil 200 lempiras mediante el irregular suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.
Según el requerimiento fiscal, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular un contrato por la compra de 480 mil tarjetas a la empresa Plasticards S. A., constituida apenas dos meses antes de resultar beneficiada. Aunque oficialmente se reportó la entrega de la totalidad de las tarjetas, únicamente 258 mil llegaron al país.
El comunicado señala que el 22 de enero de 2022, a pocos días del cambio de administración, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plasticards. Tres días después, Mayorga transfirió 17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, quien tenía prohibido contratar con el Estado debido a su cargo como coordinador de la Tasa de Seguridad.
Además, las investigaciones revelan que, aunque la adjudicación correspondió a Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, y trasladadas al país por Inversiones MyM.
Para ocultar el origen de los fondos, se usaron fachadas en el extranjero y sistemas financieros de EE. UU. y Francia, con el fin de triangular y lavar el dinero proveniente de la Tasa de Seguridad.
El Ministerio Público reafirmó que continuará con las acciones legales correspondientes para combatir la corrupción y el uso fraudulento de fondos estatales.
