Acusados habrían desviado más de 3 mil millones de lempiras mediante demandas ilegales; juez decidirá en las próximas horas
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP) ha solicitado arresto domiciliario para el diputado Nelson Márquez y otras cuatro personas acusadas de participar en un esquema de fraude que habría drenado más de 3,084 millones de lempiras del Estado de Honduras.
La petición fue confirmada este martes por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien aclaró que no son las defensas, sino el propio MP el que pidió la medida sustitutiva a la prisión preventiva.
Además del congresista del Partido Nacional, la solicitud de arresto domiciliario abarca a Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez.
Todos están acusados de delitos relacionados con el uso fraudulento de demandas y acuerdos extrajudiciales en perjuicio del Estado.
Posible suspensión como diputado
Silva informó que, en el caso de Márquez, existe la posibilidad de que sea suspendido de su cargo como legislador, dependiendo de la evolución del proceso penal.
El juez que lleva la causa ha solicitado un tiempo prudencial para emitir su resolución tras la audiencia inicial, pero se espera que los cinco imputados podrían regresar a sus hogares esta misma noche si se concede la solicitud del MP.
Un fraude que se remonta a la era post-Mitch
El caso tiene raíces en hechos ocurridos tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras adjudicó un contrato de reconstrucción a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual operaba sin autorización en el país.
Esta firma subcontrató, supuestamente de forma ilegal, a NAINSA, una empresa sin vínculo contractual directo con el Estado.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, en 2001 la cooperación internacional canceló el apoyo financiero por inconsistencias en el contrato. Sin embargo, años más tarde, DRC Inc. y NAINSA promovieron demandas fraudulentas amparadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según la acusación.
En enero de 2020, Nelson Márquez, en su rol como secretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), envió un informe legal a la Procuraduría General recomendando firmar un acuerdo ejecutivo para evitar “una erogación mayor”.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron un convenio extrajudicial que autorizó millonarios pagos sin esperar el fallo definitivo de los tribunales.
Jueces implicados y anomalías médicas
El MP también señala al juez Raymond Gradiz Viloria, quien en 2022 admitió otra demanda millonaria, pese a conocer que el laudo arbitral carecía de validez legal. Otros funcionarios judiciales continuaron ordenando pagos irregulares.
En uno de los momentos clave del proceso, el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Héctor Alvarado Mejía, no se presentó a una audiencia, excusándose con un certificado médico cuya autenticidad fue cuestionada por la Fiscalía.
Elecciones bajo tensión
Este caso, de alto perfil, se desarrolla en medio de un ambiente político crispado y de creciente incertidumbre ante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Para analistas y sectores de sociedad civil, este tipo de procesos judiciales serán una prueba de fuego para el sistema de justicia hondureño y para la credibilidad institucional del país.
