TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presenta requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, según las investigaciones se coludieron para saquear al pueblo hondureño por más de tres mil millones de lempiras (L3,084,223,255.38). Durante más de dos décadas orquestaron un fraude, utilizando como base un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal.
Se acusa a Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno; Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA); Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.
También se acusa a los jueces Irissabel Lucia Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
El caso se origina en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, quien a su vez subcontrató ilegalmente a NAINSA. Y en el año 2001 el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
DRC Inc. estableció un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiese tenido relación contractual alguna con el Estado. El objetivo era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas. Además, en dicho convenio ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre si, bajo ninguna circunstancia, evidenciando que su actuación era coordinada y simulada, con la única finalidad de defraudar al Estado hondureño.
Para lograr su cometido, esta red utilizó procesos arbitrales con múltiples irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y el uso de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable, presidido por uno de los imputados, que terminó condenando al Estado a pagar sumas millonarias.
Siguiendo con su plan de saquear las arcas del Estado mediante nuevas demandas millonarias, NAINSA a través de su representante legal, interpuso en 2019 otra acción judicial basada en un Laudo Arbitral que ya había sido declarado nulo mediante resoluciones judiciales firmes desde 2009 y 2013. A pesar de ello, la jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, el imputado Nelson Márquez Euceda, en su cargo de secretario de SEDECOAS, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una «erogación mayor», aun sabiendo que el laudo carecía de validez legal.
Un mes después, SEDECOAS Y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual se acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso. No obstante, el imputado Nelson Javier Márquez incumplió con lo pactado, a pesar de que en los años 2020 y 2021 ya se habían asignado partidas presupuestarias para saldar la deuda.
Este incumplimiento dio lugar a una nueva demanda de ejecución forzosa por una suma millonaria, la cual fue admitida nuevamente por la misma jueza, Irissabel Miranda Hernández.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo a las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejia representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue desmentida por el laboratorio.
La investigación del Ministerio Público evidencia que los imputados se beneficiaron directamente del dinero obtenido mediante esas demandas.
Parte de esos fondos fue depositada en cuentas personales de los involucrados y de familiares de altos funcionarios también acusados. Además, se identificaron pagos de hipotecas personales y transferencias directas a cuentas de personas que tenían la responsabilidad de garantizar la legalidad del proceso.
