TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un juez de privación de dominio ordenó en las últimas horas la devolución de 157 bienes que fueron incautados a personas capturadas durante la Operación Caudillo.
Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público anunció que interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución alegando que estas personas no tienen fundamento legal para probar el origen de más de tres mil millones de lempiras.
De acuerdo al análisis de los fiscales, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió atribuciones que solo tiene la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inaplicables artículos y postulados de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito así como preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de criminalidad organizada.
A criterio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la decisión desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, extendiendo los beneficios de la reforma del decreto 93-2021 en materia penal por lavado de activos, a la esfera de los procesos de privación.
De manera que, se resolvió la devolución de 25 bienes inmuebles, nueve sociedades mercantiles, 82 productos financieros, 23 vehículos automotores, 17 de equipo pesado, un lote de ganado, menaje de casa e inventario de mercadería.
Por otro lado, el Ministerio Público ha procedido a interponer formal denuncia contra el juez de privación dominio, tanto ante la Supervisión General del Poder Judicial como ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).
