TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Ha comenzado la segunda fase de la Operación Poseidón y bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público se desarrollan acciones en diferentes puntos del país.
Uno de los casos tiene que ver con más de 20 diligencias prejudiciales que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectúan en seguimiento a un presunto desvío de más de siete millones de lempiras (Lps. 7,140,529.62) en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
La investigada es la exinterventora del INP, Karla Patricia Pavón Bustillo, quien se presume se habría apropiado del dinero que serviría como indemnización para los familiares de privados a libertad que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula.
Como se recordará, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a este caso, condenó al Estado por el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 privados de libertad y por lo cual se obligó a Honduras a pagar más de trescientos mil lempiras (Lps. 317,000.00) a cada familiar.
Sin embargo, la exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos, que le fueron entregados a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH), recursos, a los que, en parte, les habría dado otro uso para un provecho personal.
Otra investigación cuyo curso está adelantado significativamente, es el denominado caso de las viviendas contenedores “Residencias Morazán” y Reasentamiento de Pobladores de “Lomas del Diamante”, en la salida al sur de la capital, a cargo de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la ATIC.
Las diligencias evacuadas en el marco de Poseidón II tienen como objeto recabar indicios y evidencias relativas a un supuesto desvío de fondos, asignados y manejados por la Secretaría de Presidencia y el Instituto de la Propiedad (IP) en la administración anterior, así como por posibles vicios de ilicitud y demás aspectos de la compra, adquisición e instalación de las casas contenedores.
En torno a este expediente, cabe mencionar que, uno de los fines del proyecto fue atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales entre octubre y noviembre de 2020, ETA y IOTA, respectivamente, pero hasta la fecha ello no se ha concretado, así como en lo referente a reasentar a los pobladores de Lomas del Diamante, no obstante, son pocos los contenedores que habrían sido acondicionados y utilizados.
Entretanto, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) presentará un antejuicio en contra de una jueza del circuito judicial de Choloma, Cortés, por presumirla responsable de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
De acuerdo a los hechos plasmados en el escrito de antejuicio, la jueza de letras, en un caso de declaratoria de herencia, sin tener a cargo el conocimiento del expediente, sin haberse cumplimentado el trámite en el mismo y sin seguir el procedimiento de ley, dictó sentencia con adulteración de los hechos y de firmas de actores procesales que no estuvieron a la hora del fallo, el cual fue registrado en el IP surtiendo efectos legales que vulneraron derechos.
En cuanto a la lucha frontal contra la violencia de género, la Fiscalía Especial de la Mujer (FEP-MUJER) reporta la interposición de 84 requerimientos fiscales en la judicatura de Tegucigalpa.
Finalmente, como Ministerio Público se reitera que se continuará con responsabilidad, respetando y haciendo valer los principios y valores constitucionales en defensa de la sociedad y del concurso de los equipos fiscales participantes, así como de la ATIC y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y con el apoyo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entes administrativos, se esperan resultados positivos del desarrollo de la Operación Poseidón II.
