TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En el marco de la Operación Némesis VIII, el Ministerio Público inspeccionó y extrajo información y data digital en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En este se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018.
Por el que finalmente se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares ($37,115,352.99) sumado a las costas procesales.
Los investigados por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) son Jesús Arturo Mejía (exgerente) y otras personas no mencionadas en la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), indicó la Fiscalía.
Resultando necesario para los fiscales coordinar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la ampliación de diligencias en relación al periodo desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la ENEE.
De manera que, el caso en investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad.
No obstante, determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas, como se pretende en el proceso entablado por el Ministerio Público.
Otros casos
Por otra parte, en Némesis VIII que se ejecuta a nivel nacional, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la ATIC, acusó al director del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula (hasta 2010), José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
El exfuncionario, en el año 2004, hizo caso omiso a una orden judicial acerca de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que una corporación mantenía en cuatro consorcios, irrespetando la medida precautoria e inscribiendo la protocolización de actas de una de las empresas emanadas desde Georgia, Estados Unidos.
Otras acusaciones de la FETCCOP son por actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP), promovidas contra Víctor Antonio Andrades García, exregistrador de La Ceiba, Atlántida y contra Edson Roberto Laboriel, exoficial civil de Trujillo, Colón.
De su lado, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la ATIC investigan hechos por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, concusión (solicitud de dinero), falso testimonio, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos.
Esto supuestamente cometidos por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula y que están relacionados a declaraciones forzadas de testigos, decomisos de armas y detenciones al margen de la legalidad.
Además, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) de Tegucigalpa interpuso 128 requerimientos fiscales por violencia por razones de género y desobediencia a sentencias en materia de violencia doméstica.
En tanto, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC) impulsó acusaciones por daños al ambiente ocasionados por particulares en la comunidad garífuna San Juan en Tela, Atlántida, concretamente, en la Laguna de Los Micos, así como por amenazas a miembros de comunidades lencas de La Paz.
Respuesta del exgerente ENEE
Jesús Mejía, dijo estar contento de que se esté actuando rápido, porque se ha actuado maliciosamente y el Estado fue saqueado por alguien y que ojalá se pronto se puedan dar los verdaderos nombres de los saqueadores.
“Espero que se deduzca la responsabilidad y se sepa quienes son estas personas, aquí se está moviendo dinero grueso”, expresó.
Según el exgerente en este caso todo fue calculado para que la demanda se perdiera en perjuicio del Estado.
Dijo que aún no le han llamado de la fiscalía pero que espera colaborar con ellos.
Se puede ver que hay mala intención, movieron piezas políticas para explicarlo, y dejaron vencer los plazos.
Finalmente, dijo que él está dispuesto a presentarse pero que espera que se haga lo justo y se nombre a los verdaderos culpables.
