• La defensa de Olga Estela Ávila Ortega, acusada de fraude y lavado de activos, solicitó revisión de medidas alegando problemas de salud; el Ministerio Público insiste en que la prisión preventiva es necesaria.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP) confirmó que se opone a la solicitud de revisión de medidas presentada por la defensa de Olga Estela Ávila Ortega, procesada por los delitos de fraude continuado y lavado de activos en el caso denominado “Desfalco a la Municipalidad de San Pedro Sula”.
La audiencia de revisión fue programada para este jueves 2 de octubre a las 10:30 de la mañana, tras el recurso presentado por la defensa de Ávila Ortega, quien argumenta motivos de salud.
La imputada guarda prisión preventiva desde el pasado 29 de septiembre, cuando un juez dictó auto de formal procesamiento con la misma medida cautelar contra otras nueve personas acusadas de participar en un fraude superior a 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad sampedrana.
En esa ocasión, el MP presentó más de 30 medios de prueba, según detalló su portavoz, Yuri Mora.
Entre los procesados también figuran Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representantes de la empresa HERCOD; Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández, tío de Steven Fajardo; además de José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
Asimismo, se responsabiliza a funcionarios y exfuncionarios municipales como Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Mena Gómez, Xavier Lacayo Delgadillo, Luis Enrique Saa y Walter Cartagena Villagra.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre julio de 2023 y abril de 2024 se adjudicaron irregularmente 33 contratos a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados a proyectos de mejoramiento vial.
De ellos, 26 fueron otorgados de manera directa y siete mediante licitación privada.
La investigación sostiene que los contratos fueron fragmentados para evadir los procesos legales de licitación, y que en varios casos se hicieron pagos sin verificar avances de obras. Incluso, algunos contratos no especificaron las zonas a intervenir y, en proyectos como la rehabilitación de carreteras en El Merendón, no existe evidencia de ejecución.
El Ministerio Público reiteró que respeta el debido proceso, pero mantiene su desacuerdo con la petición de la defensa al considerar que la prisión preventiva es proporcional y necesaria, dadas la gravedad de los delitos y la magnitud del perjuicio al patrimonio municipal.
Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan con el fin de esclarecer el caso y determinar todas las responsabilidades.
