TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), presenta requerimiento fiscal a exfuncionarios del Fondo Vial y a representantes legales de empresas privadas. Esto por suponerlos responsables de defraudar al Estado de Honduras con más de 34 millones de lempiras.
Los imputados son: Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, José Efraín Peñalba Lizardo, Walter Noe Maldonado Maldonado, Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazzoni, exfuncionarios del Fondo Vial.
Asimismo, se acusa a Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias Cachiro), Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, representantes de empresas favorecidas.
La investigación revela que los funcionarios del Fondo Vial y particulares autorizaron, adjudicaron y suscribieron contratos fraudulentos con las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMARI propiedad de Los Cachiros y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de CV (TECNISA) para el mantenimiento de la red vial ner pavimentada en zonas de Colon.
Entre las irregularidades documentadas se destacan, falsificación de firmas durante el proceso de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en la supervisión de la obra, sin que se realizan medidas correctivas.
Se constató además que, a través de pericia de extracción de información, Edgardo Pérez Martínez representante de INRIMAR, gestiono pagos irregulares y bonos a favor de funcionarios de esa dependencia, entre los beneficiados por agilizar los procesos y adjudicaciones legales figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional.
